Conteo del SernamEG indica que en la década hubo 412 víctimas de femicidio

De acuerdo a las cifras oficiales del  Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), dependiente del ministerio con el mismo nombre, entre 2010 y 2019 se registraron al menos 412 víctimas de femicidios en el país. 

El conteo del organismo indica que hasta este martes 31 de diciembre, un total de 45 mujeres fue asesinada por sus parejas o ex parejas en Chile, lo que representa un alza de 3 víctimas en comparación con 2018, donde fueron 42 mujeres que perdieron la vida a causa de violencia al interior de una relación afectiva.

A lo largo de la década, los años que registraron las cifras más crudas fueron, en primer lugar, 2010, en el que los registros oficiales contabilizaron 49 víctimas, mientras que en segunda posición le siguen 2015 y el año que termina este martes.

La normativa chilena (ley 20.480) entiende el femicidio como “el homicidio cometido contra la mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen”, y de este modo, circunscribe el delito al ámbito de las relaciones sentimentales. Además, establece que las penas van desde los quince años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua.

Sin embargo, organizaciones que trabajan en torno a la temática tienen sus propios conteos debido a que discrepan de la definición actual y señalan que los asesinatos por motivos de género se extienden más allá de las relaciones de pareja, y que la legislación vigente no considera, por ejemplo, las mujeres que son violadas y asesinadas por desconocidos, por amigos o conocidos, clientes, o los crímenes de odio hacia mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero.

De hecho actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto que apunta en ese sentido, conocido como "Ley Gabriela", y que surgió a partir del asesinato de Gabriela Alcaíno (17) y su mamá, Carolina Donoso (53) a manos de su ex polo, Fabián Cáceres (19).

También existen otras iniciativas que apuntan en ese sentido, como la llamada "Ley Antonia", impulsada por los familiares de Antonia Garros, quien murió en febrero de 2017, y que busca penalizar como delito la inducción al suicidio, también conocido como suicido femicida.