CIDH recomienda a Colombia realizar cambios en la policía por violencia en protestas

Una misión de la CIDH finalizó el pasado 10 de junio su viaje oficial a las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Buga y Tuluá, donde revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial y civil que dejó decenas de muertos y miles de heridos durante las protestas contra el Gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril.

En el escrito se constata "que de manera reiterada en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal", según dijo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, en una rueda de prensa.

En ese sentido, la CIDH alertó sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes o personas que no participaban en las protestas, tal como lo denunciaron organizaciones civiles que contabilizan 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de uniformados, lo que está prohibido durante una movilización social.

Seguimiento a DD.HH.

La CIDH anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento a los derechos humanos en Colombia que además seguirá monitoreando las protestas, en las que se evidenciaron múltiples casos de violencia sexual, étnico-racial y basada en género, ataques contra periodistas y misiones médicas, desapariciones y tratos crueles.

Además condenó el vandalismo de grupos de manifestantes, los graves ataques a instituciones del Estado y los bloqueos viales que comprometieron otros derechos fundamentales y ocasionaron en algunas ciudades desabastecimiento de bienes básicos y medicinas y afectó a la economía y a las empresas con millonarias pérdidas.

La CIDH recomendó al país abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los bloqueos, uno de los puntos más controvertidos del documento debido a que el Gobierno modificó hace tres semanas un decreto presidencial que especifica que los cierres de vías, ya sean temporales o permanentes, no constituyen una forma pacífica de manifestación.

La comisión también instó al Gobierno a promover y reforzar un proceso nacional de diálogo genuino con enfoque territorial que permita la participación de todos los sectores en especial a aquellos que han sido más afectados por la discriminación histórica.

Igualmente, adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de una investigación imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos, así como jugar a sancionar a los responsables.