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Camila Vallejo presenta proyecto de ley que garantiza internet estable y veloz para alumnos vulnerables

Para acceder al beneficio, el estudiante deberá ser parte de un establecimiento que reciba financiamiento público y a su vez, estar inscrito en el Registro Social de Hogares no superando la calificación socioeconómica del 80% más vulnerable de la población.

Martes 31 de agosto de 2021 | 23:31

En la jornada de este martes 31 de agosto, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, presentó un proyecto de ley llamado No Más Brechas Digitales, que consagra la conectividad a internet como parte fundamental de los procesos educativos. En medio de la pandemia provocada por el COVID-19 que ha ocasionado que miles de alumnos deban conectarse desde sus casas a las clases online, la iniciativa tiene como objetivo proveer de banda ancha estable y veloz a las familias y estudiantes que no puedan pagar una conexión de calidad. Por su parte, la normativa además propone que las empresas ofrezcan tarifas de acceso más baratas que el precio de mercado a los establecimientos que reciban aportes del Estado debido al “rol social que cumplen”, y que los colegios y el sistema, entreguen a los liceos los medios tecnológicos como computadores para que puedan conectarse.

Objetivos e implicancias del proyecto

El objetivo general del proyecto de ley, según consigna, es reducir la brecha digital que existe producto de las diferentes desigualdades existentes.  “Esta iniciativa busca hacerse cargo de lo que sucede en la educación y que viene de antes de la pandemia: la desigualdad acrecienta las brechas digitales, pero las brechas digitales perpetúan la desigualdad estructural en el acceso a oportunidades en el aprendizaje, al derecho a la información y otras experiencias para los procesos educativos”, explica Vallejo. Es relevante mencionar que, a través de la Ley General de Educación, el proyecto mandata al sistema a proveer de la infraestructura y las condiciones necesarias para no perjudicar el desarrollo de una educación integral en un mundo hiperconectado. En ese sentido, además se busca modificar la Ley General de Telecomunicaciones para que las empresas aseguren la conectividad con ciertos mínimos para permitir una conexión de calidad en los recintos educacionales. Como justificación del proyecto, se señala que son las mismas comunidades educativas quienes han levantado la problemática debido a las clases telemáticas e híbridas que tienen las y los estudiantes chilenos desde que comenzó la pandemia, incluso con problemas de conexión al interior de los colegios. “Sabemos que las familias no cuentan con elementos técnicos que permitan a los estudiantes conectarse, y nosotros que durante la pandemia hemos estado en colegios, liceos y jardines infantiles de todo Chile, hemos evidenciado que las familias van a los colegios a pedir que se les deje entrar para que lo niños se puedan conectar de la sala de computación”, sostuvo Miguel Ángel Araneda, presidente del Consejo Nacional Asistentes de la Educación. La moción, contó con el apoyo y firma de las y los parlamentarios que son parte de la Comisión de Educación de la Cámara baja.  En ese sentido, la diputada Camila Rojas (Comunes), quien respaldó la iniciativa, aseguró que “este año y medio de pandemia agudizó el problema de la brecha digital que existe en el país. Al día de hoy hay niños y niñas que no pueden conectarse a internet, ni siquiera en sus escuelas. A veces no se tienen los recursos o a veces la conectividad simplemente no llega porque no es rentable para las empresas”. “Lo que nos queda es seguir dando la pelea para que las escuelas cuenten con el acceso a un Internet de calidad que les permita implementar al 100% las modalidades híbridas, pero también para que se hagan cargo de aquellos niñas, niños y familias que, manteniéndose en modo telemático, están viendo serias dificultades por no tener Internet de calidad ni los instrumentos necesarios”, concluye la autora del proyecto Camila Vallejo.

Condiciones para acceder al derecho

Para efectos de lo dispuesto, se considerará que no tienen medios para acceder a internet a aquellos hogares que tengan un estudiante en algún establecimiento que reciba financiamiento público que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
  1. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de Desarrollo Social y las Familia, o en el instrumento que lo reemplace, y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 80% más vulnerable de la población.
  2. Presenten alguna condición que les impida acceder a algún servicio de internet.
  3. Cualquier otra condición que demuestre fehacientemente la imposibilidad de contratar un servicio de internet.
Para demostrar las condiciones 2 o 3, las familias, el apoderado o el estudiante, en su caso, deberán firmar una declaración jurada en el establecimiento educacional.

Internet como derecho humano

En el año 2011, La Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el acceso a internet como un derecho humando, debido a que es una “herramienta que favorece el crecimiento y progreso de la sociedad en su conjunto”. En ese sentido, la ONU consideró que debe ser un derecho universal de fácil acceso para cualquier individuo y emplazó a los Gobiernos para que se hagan cargo de la problemática. En ese contexto, en 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobó la resolución que busca la “promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos en internet”, enfatizando que prohibir e impedir su acceso será considerado como una violación a los derechos humanos. Finalmente, es relevante destacar que dichas resoluciones no tienen el carácter de vinculante, es decir solo son recomendaciones para los países miembro y no se les obliga a nada. No obstante, para la ONU es “esencial” garantizar el acceso a internet, para la “consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

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