Democracia Viva: CDE presenta querella contra Daniel Andrade y Carlos Contreras

El ex seremi Carlos Contreras y el representante de la fundación, Daniel Andrade, deberán ser procesados luego de que se identificara perjuicio fiscal por más de 390 millones.

Sábado 2 de septiembre de 2023 | 15:28

El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y contra el representante legal de la fundación “Democracia Viva”, Daniel Andrade, ambos como autores del delito de fraude al Fisco. La medida fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, originándose luego de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos.

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Sobre esto, Contreras sin involucrar a otras autoridades sobre el procesos de asignación, infringió el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal. De acuerdo con la querella, se identificó que se suscribieron al menos tres convenios de transferencias de fondos con la Fundación Democracia Viva, organización representada por Daniel Andrade, con quien el exseremi sostenía un vínculo de público conocimiento, causando con ello un fraude al fisco de a lo menos $391.768.516.

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Además, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier señaló que “estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco”. “La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal”, agregó.