El 20% murió esperando: CIDH revisará la demanda de profesores al Estado de Chile por la "deuda histórica"

Específicamente, respecto al no cumplimiento del pago de asignaciones remuneracionales que fueron ordenados en trece sentencias judiciales, tras el traspaso a la educación municipal.

El caso a cargo de los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava es tramitado en el sistema internacional de justicia desde 2005, tras agotarse todos los recursos legales en Chile sin resultados.

Del total de profesores afectados, explican Colombara y Fava, el 20% de ellos falleció y serán representados por sus herederos.

“Se trata de 848 profesores y profesoras chilenas que durante casi 30 años han luchado para que se reconozcan sus derechos. Pretendemos que la Corte Interamericana declare que el Estado de Chile ha violado gravemente sus derechos humanos porque no ha cumplido trece sentencias judiciales que obligaban a varias municipalidades, a pagarles por haber afectado sus derechos previsionales”, explicó al respecto Ciro Colombara.

Del mismo modo, agregó que “en estas audiencias públicas declararán testigos, peritos y tanto la Comisión Interamericana, el Estado de Chile y nosotros, como representantes de las víctimas, expondremos los argumentos que, tenemos tranquilidad y certeza, terminarán dándonos la razón”.

“Muchos profesores y profesoras han fallecido en estos 30 años, pero tenemos la tranquilidad que aquellos que aún están, y sus herederos en el caso de los que se han ido, podrán conocer esta sentencia que reconozca la violación de sus derechos humanos por parte del Estado de Chile”, puntualizó el abogado.

Por su parte, Giampiero Fava recalcó que “la actitud del Estado de Chile para no dar cumplimiento a estas sentencias, no tienen justificación ni legal, ni constitucional, ni tampoco dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”.

“Esto se lo han hecho saber no solamente los municipios en su momento, ni el Poder Judicial al momento de dictar dicha sentencia que tienen carácter de firme hace más de 27 años, sino que también se lo han hecho saber los mismo parlamentarios a través de proyectos y de acuerdos que -en innumerables ocasiones- han instado al Estado de Chile a dar cumplimiento a dichas sentencias”, recalcó.

Tras eso, enfatizó en que también “lo han hecho saber el mismo gremio del Colegio de Profesores en distintos periodos durante todo este tiempo, por lo tanto, la decisión del Estado debiera ser enmendada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No existe un fundamento que uno pudiera considerar medianamente legítimo por la cual el Estado, habiendo sido notificado en una primera etapa de esta situación, no ha querido dar cumplimiento a la decisión del Poder Judicial”.

La demanda

En el escrito presentado en 2005, se denunció la vulneración del derecho a la protección judicial por falta de cumplimiento de los 13 fallos y la violación del derecho a la propiedad privada.

Dentro de las pruebas adjuntadas al proceso está el testimonio de 43 docentes, de los cuáles cuatro prestarán testimonio durante la audiencia. Además, hay declaraciones notariales de ocho parlamentarios como Yana Provoste (DC), Carlos Montes (PS), Ximena Rincón (DC) y Marcelo Díaz (Unir).

Uno de los argumentos jurídicos indica que "se aduce que dichas sentencias establecieron montos que las municipalidades correspondientes debían pagar a los profesores por asignaciones de previsión social. Los fallos fechados entre 1993 y 1997, se pueden mirar también como la forma de reparación que otorgó el Estado por la injusticia del no pago de la ‘asignación especial’ (entregada por el Decreto Ley N°3551 de 1981, cuando las víctimas fueron trasladadas, dentro del mismo Estado, a entidades municipales)".

Y agrega la presentación de los abogados Colombara y Fava que “de acuerdo con los montos actualizados dictaminados en los juicios que no han sido pagados, incorporando los reajustes legales en base a la metodología acompañada en el Informe de Académicos y Académicas la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que se acompañó en el proceso, al 31 de julio de 2020 la cifra total alcanza $72.482 millones”.