El juicio político que busca destituir al pdte. Piñera: Las claves de la acusación constitucional que ingresa este miércoles

A pocos meses de finalizar el mandato, este miércoles 12 de octubre a las 09:00 horas, la oposición de la Cámara de Diputados y Diputadas presentará por la mañana de este miércoles 13 de octubre una Acusación Constitucional contra el presidente de la República Sebastián Piñera.

Lo anterior, luego que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el pasado domingo 3 de octubre, revelaran 11,9 millones de archivos llamados Pandora Papers, que aseguran que 35 líderes mundiales realizaron algunas operaciones en paraísos fiscales.

Este miércoles a las 9 AM presentaremos como oposición la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera para acabar con la impunidad con la que ha actuado durante años. #LaAcusaciónConstitucionalAPiñeraVa! pic.twitter.com/m4rVbr32eD— Marcelo Díaz (@marcelodiazd) October 12, 2021

Los medios Ciper y LaBot explicaron en primera instancia que el actual Presidente de la República efectuó negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, en los cuales destaca la compraventa del proyecto minero Dominga.

En la operación se vio involucrado Carlos Alberto Délano, empresario que es uno de los mejores amigos de la infancia de Piñera.

En ese sentido, la transacción debía cumplirse en tres cuotas millonarias destinadas a los socios, aunque la última tenía una cláusula: Que no se declarara área de protección medioambiental, zona de exclusión, un parque nacional o una reserva natural el sector donde se emplazaría Dominga, para que así se pudiera desarrollar sin mayores problemas el proyecto minero.

Acusación Constitucional

Uno de los parlamentarios que han liderado el proceso constitucional es el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, quien ha declarado en constantes ocasiones que Sebastián Piñera "incumplió todas las normas de probidad".

En ese contexto, ha señalado que serían dos los artículos que habrían sido violados por el presidente. El primero, es el artículo 8° de la Constitución que habla sobre el ejercicio de las funciones públicas, "que obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones".

El segundo es el artículo 19 de la Constitución que se relaciona con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. "Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza", señala la carta magna.

En ese sentido, CHVNoticias conversó con el Director Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) Luis Bobadilla Madrid, para conocer mayores detalles técnicos de la medida, y cuáles serían sus implicancias y consecuencias.

En primera instancia una acusación constitucional es un procedimiento de destitución contemplado en el artículo 52 de la Constitución. Puede ser dirigido contra el presidente de la República, los ministros Estados, contra los Gobernadores Regionales, contra los jueces de la Corte de Apelaciones o Corte Suprema, contra los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República.

"No menos de 10 y no más de 20 diputados y diputadas deben presentar la acusación ante la secretaría de la Cámara de Diputados", manifestó el abogado.

Los cargos que se pueden imputar al presidente son dos: Uno es comprometer gravemente el honor y la seguridad nacional, y el otro es no cumplir con los prescrito por la Constitución y las leyes del país.

Cámara de Diputados y Diputadas

Una vez presentada la acusación, en la siguiente sesión de la cámara, el secretario debe dar cuenta en Sala de la acusación presentada. Una vez que se da cuenta de ello, en la misma sesión, la Cámara debe elegir por sorteo y excluyendo a quienes presentaron la acusación, una comisión de 5 diputados o diputadas que tiene como objetivo informar si procede o no procede la acusación.

Desde el día desde que el secretario da cuenta en la Sala, tiene 3 días para notificar al presidente. Ahí el mandatario tiene 10 días para presentar la defensa que puede ser presencial en la comisión o presentarla por escrito.

Una vez que la comisión recibe la respuesta del acusado, tienen un plazo de 6 días desde que se recibió la defensa, para estudiar la acusación y emitir un dictamen. Esto puede ser en varias sesiones, advierte Luis Bobadilla.

Cuando transcurre el plazo de 6 días la Cámara tiene que sesionar para resolver la situación y concluir si la acusación será o no interpuesta. El afectado puede asistir a las sesiones en las que la Cámara discute el asunto

Finalmente, en la última sesión que celebra la Cámara se deberá resolver la acusación votando los parlamentarios si aprueban o rechazan la medida. "Si se llegara a aprobar la acusación en la Cámara, significa que se fijan los cargos, es decir las acusaciones que se le hacen al presidente y que el Senado tendrá que decidir si se aceptan o rechazan.", explicó.

El quórum para aprobar los cargos son del 50 + 1 de los diputados en ejercicio, es decir una mayoría calificada. Para los otros cargos, que no sea el presidente de la república, solo se necesita la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Sala.

Senado

Una vez aprobada la acusación en la Cámara, se deberá constituir una comisión de 3 diputadas o diputados para presentar los antecedentes y poner en conocimiento al Senado dentro de 24 horas una vez aprobada la acusación.

El artículo 52 de la Constitución dice que toda acusación cuyos cargos han sido aprobados por la Cámara tiene efectos inmediatos, como la suspensión del acusado de sus funciones. En el caso del presidente de la República, como hay una incapacidad temporal para ejercer el cargo, lo tiene que subrogar, de acuerdo a de acuerdo al orden de prelación prescrito por el DFL 7912 de 1927, el ministro del Interior que lo hará con el título de vicepresidente de la República.

Puede ocurrir que la Cámara rechace uno de los cargos, pero aprobando uno de ellos la Acusación Constitucional puede seguir su curso.

El Senado debe tomar la decisión con respecto a los cargos aprobados. No tienen que discutir si les parecen o no pertinentes los cargos. El Senado resuelve como jurado, es decir cada uno de los miembros va a emitir su opinión y su voto en conciencia con respecto a lo que determinen.

Es relevante destacar que el Senado escuchará a la comisión representante de la Cámara y al Presidente de la República, teniendo derecho a leer su defensa escrita o a través de su abogado. 

Finalmente, el Senado votará cada capítulo de la acusación por separado.

¿Cuáles serían las implicancias si es que se llegan a aprobar los cargos?

Según el especialista en leyes, el acusado además de quedar destituido de su cargo, no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.

"Desde una perspectiva institucional se podría dar pie a una crisis constitucional, que es una expresión indudable de la erosión de la autoridad del presidente. En el último tiempo la aplicación del juicio político ha sido considerada como mecanismo de las elites políticas para aprovechar la debilidad de la autoridad presidencial", explicó Luis Bobadilla.

"Desde una perspectiva histórica la Acusación Constitucional es un mecanismo que ha sido utilizado para enjuiciar políticamente a las más altas autoridades del Estado, cuando según sus opositores y detractores, éstos se ven involucrados en conductas contrarias al orden constitucional en el desarrollo de sus funciones", aseguró Luis.

Finalmente agregar que en la historia Constitucional chilena desde 1925 tres presidentes han sido acusados. En la Constitución de 1925, Carlos Ibáñez del Campo y Arturo Alessandri Palma en 1939 y bajo la Constitución de 1980, el presidente Sebastián Piñera en 2019 y la inminente acusación que será presentada este miércoles 13 de octubre.

Investigaciones

Es relevante consignar que el Servicio De Impuestos Internos confirmó el pasado 5 de octubre que desde el organismo, comenzaron a recabar todos los antecedentes disponibles para determinar la existencia de algún incumplimiento en la normativa tributaria.

Asimismo, el fiscal nacional Jorge Abbott, en los últimos días, decidió abrir una investigación de oficio contra el presidente de la República. En ese sentido, la información fue dada a conocer por la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Marta Herrera, quien señaló que posiblemente los hechos pueden ser constitutivo de delito y que en estos momentos, el mandatario se encuentra en calidad de imputado.