El convencional constituyente electo fue contratado como “testigo experto” en leyes chilenas por parte de la minera Boliden, que envió químicos como plomo, arsénico y mercurio en la década de los ’80, afectando la salud y calidad de vida de familias chilenas. De acuerdo al abogado, él no realizó ningún alegato a favor de la compañía ni defensa de sus intereses.