"¡No me empuje!": Cathy Barriga protagonizó tenso momento en vivo con su esposo Joaquín Lavín León

En medio de su caótica llegada al Centro de Justicia, la ex alcaldesa de Maipú tuvo un impasse frente a la prensa con su pareja.

Martes 16 de enero de 2024 | 09:49

Cathy Barriga, la ex alcaldesa de Maipú, protagonizó un tenso momento con su esposo, el diputado Joaquín Lavín León (UDI), en medio de su caótica llegada a la audiencia de formalización por el delito de fraude al fisco. La ex jefa comunal y otros cuatro ex funcionarios municipales concurrieron este martes al Centro de Justicia tras las acusaciones por presuntos delitos de corrupción, ocurridos entre los años 2016 y 2021 durante su administración en Maipú.

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La otrora jefa comuna tuvo una caótica llegada al ser abordada por la prensa que se encontraba en el lugar. "Esto es demasiado irrespetuoso, ¿ustedes estuvieron en la universidad, cierto? Respeto, el mismo que tienen todos los profesionales", dijo durante su trayecto.

¿Qué pasó entre Cathy Barriga y Joaquión León Jr.?

Fue en ese contexto que se generó un tenso cruce entre la otrora edil y el parlamentario, lo cual quedó registrado en plena transmisión en vivo. "¡Usted no me empuje tampoco! Quiero caminar tranquila", apuntó Barriga. Posteriormente, la ex alcaldesa continuó caminando hasta llegar al interior del edificio.

¿Por qué será formalizada Cathy Barriga?

El proceso judicial en contra de la otrora edil de Maipú se enmarca en hechos ocurridos de forma reiterada, según acusa la Fiscalía, entre los años 2016 y 2021. Dentro de los antecedentes que se han revelado, es que solo tres días después de asumir su cargo en 2016, Barriga habría suscrito un decreto alcaldicio que le permitió una serie de irregularidades administrativas como delegación de firmas, resignación de facultades financieras y redistribución de competencias. Sin embargo, la ex autoridad comunal a través de sus redes sociales insiste en su inocencia, asegurando que no hay antecedentes que la incriminen.

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Según explicó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, los involucrados habrían “utilizado mecanismos como la delegación de atribuciones, sobreestimación del presupuesto municipal y la adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria”. Estas gestiones habrían aumentado el déficit y a la misma vez provocó un perjuicio a las arcas municipales, el cual superaría los $30 mil millones.