Proyecto Imán: Investigación apuntó a conflicto de interés de familia Piñera en negocio minero
El pdte. Piñera y Carlos Alberto Délano habrían estado involucrados en la compra de la inversión de mineras ubicadas a 10 kilómetros de Vallenar. Las negociaciones coinciden con el nombramiento de Arnaldo del Campo Arias, vendedor del proyecto, como director de la empresa estatal Enami.
Domingo 17 de octubre de 2021 | 14:10
El Centro de Investigación Periodística (Ciper) entregó detalles de un nuevo caso que involucraría a la familia presidencial. Esta vez, nos remontamos al 2010 con foco en Proyecto Imán, mineras de hierro y escandio ubicadas a 10 kilómetros al suroeste de Vallenar.
Los Piñera Morel participaban a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, donde tenían como socios a la familia de Carlos Alberto Délano, ambos involucrados en Pandora Papers por el proceso de compraventa de la minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas.
Los proyectos Dominga e Imán se realizaron bajo los fondos de inversiones de los Piñera y Délano, la sociedad Minería Activa, levantada por Larraín Vial: El primero en Minería Activa Uno Spa y el segundo en Minería Activa Dos Spa.
El vendedor del Proyecto Imán fue Arnaldo del Campo Arias, quien pocos meses antes fue nombrado como uno de los representantes del pdte. Piñera en la Empresa Nacional de Minería (Enami).
En concreto, Arnaldo del Campo obtuvo un puesto en una empresa estatal al mismo tiempo en que se iniciaron las negociaciones de compra de las 14 concesiones mineras ubicadas en las cercanías de Vallenar.
Al respecto, desde Ciper consultaron a La Moneda si se tomaron los resguardos para evitar un conflicto de interés con el nombramiento de del Campo. La respuesta fue:
- "El presidente no participa desde 2009, hace 12 años, en la gestión o administración de ninguna empresa o negocio, lo que incluye a Mediterráneo FIP. Respecto de este último, no participa en su propiedad y nunca ha participado en su administración (...) en forma previa a su primer Gobierno, el presidente Piñera se desligó absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que participaba. Adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en ese entonces no existía ley que lo exigiera, constituyó Fideicomisos Ciegos. En forma igualmente voluntaria lo hicieron su señora e hijos. El objetivo de los fideicomisos ciegos fue evitar conflictos de interés más allá de lo exigido por la legislación de la época (…) Respecto de su pregunta sobre las inversiones en la actualidad, este tipo de activos, cumpliendo con la ley, está bajo la administración de Fideicomisos Ciegos. En cuanto a la designación de directores de empresas públicas, ellas se efectúan sobre la base de propuestas de las entidades estatales encargadas de su administración".
¿Quién es Del Campo?
Arnaldo del Campo Arias es un ingeniero civil en minas que en junio de 2010 fue designado como director de Enami. Lo nombró el Ministerio de Hacienda, encabezado en aquel entonces por Felipe Larraín.
En 2012 se adjudicó un fondo de asistencia técnica de la Subsecretaría de Minería. Según Ciper, el objetivo fue entregar asesorías a pequeños y medianos proyectos mineros y "no se sabe si al momento de postular a ese fondo transparentó su rol como director de la Enami, cuyo directorio es presidido por el Ministro de Minería, a cargo de la misma cartera que otorga esos fondos de asistencia".
Lee también: Pdte. Piñera fue notificado de la Acusación Constitucional en su contra: Tiene 10 días para presentar su defensaEn 2015, según reveló Radio Bío Bío, su ex esposa, Gabriela Coopman, lo demandó por supuesta estafa. Los bienes en conflicto fueron justamente las 14 concesiones mineras del Proyecto Imán.
Según Coopman, su ex marido "sabía perfectamente el valor real de dichas concesiones mineras y me engañó, me hizo creer erradamente que el acuerdo (...) efectivamente propendía a establecer una situación igualitaria entre los cónyuges, sufriendo un perjuicio económico de a lo menos US$ 6,5 millones".
El ingeniero fue formalizado en abril de 2017, pero Coopman terminó desistiendo de la acción judicial en enero del 2018.