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Repercusiones en Caso Lencería: Gobernador regional del Biobío aceptó renuncia de 3 altos funcionarios

El propio organismo confirmó la salida del administrador regional, el jefe de gabinete y el jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, como parte de los coletazos asociados a esta investigación a Camila Polizzi por la presunta compra de elementos personales con fondos públicos.

Lunes 7 de agosto de 2023 | 10:01

A raíz de las repercusiones del denominado Caso Lencería, una de las artistas que forman parte de las indagatorias iniciadas bajo el Caso Convenios, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, aceptó la renuncia de tres funcionarios por su implicancia política en los hechos.
De acuerdo con el comunicado emitido desde el organismo, corresponden a las siguientes personas:
  • Rodrigo Martínez Fernández, administrador regional
  • Rodrigo Alarcón Quezada, jefe de gabinete
  • Simón Acuña Medina, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano
 

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  De la mano de esto, se informó que "los cargos vacantes serán elegidos tras un exhaustivo proceso de selección que cumpla con los más altos estándares de probidad y condiciones técnicas", pero que, en tanto, "serán asumidos por las subrogancias correspondientes".  

Caso Lencería

Tal como se mencionó anteriormente, estas desvinculaciones ocurren en medio de la polémica por el denominado Caso Lencería, donde se le acusa a la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, de la presunta compra de ropa interior y otros objetos y servicios con dineros públicos obtenidos tras un convenio con el Gobierno Regional (GORE) del Biobío. Recordemos que Polizzi se adjudicó $250 millones, a finales de 2022, para un programa de “capacitación e identidad patrimonial”, a través de la Fundación En Ti.
El proyecto incluía talleres de limpieza de bancas, limpieza de rejillas y un taller práctico de mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios. Sin embargo, parte de estos recursos se habrían utilizado para otros fines. Polizzi, quien además es directora de la fundación Capital Social y encargada del programa El Barrio es Nuestro, está siendo investigada por el Ministerio Público y la Contraloría por estar presuntamente implicada en estos dineros.

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