Senado aprueba nueva Ley Antiterrorista: ¿Cuáles son los cambios que establece?
La iniciativa fue aprobada por la Sala de la Cámara Alta y ahora continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. "Se despachó con un amplio acuerdo de oficialismo y oposición", expresó la ministra Carolina Tohá.
Jueves 2 de mayo de 2024 | 20:51
La Sala del Senado aprobó este jueves por unanimidad gran parte de la nueva Ley Antiterrorista y por mayoría cuatro aspectos específicos de la iniciativa.
Por tanto, el proyecto que busca modernizar la normativa antiterrorista con el propósito de superar los obstáculos que se han evidenciado el último tiempo y que han impedido su aplicación oportuna quedó listo para cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
Entre los cambios que contempla la iniciativa están sancionar la iniciativa terrorista, establecer delitos específicos y penas acordes al grado de implicación en la organización y autorizar facultades investigativas especiales y cambio de jurisdicción en casos de alta complejidad.
¿Cuáles son los cambios que introduce la nueva Ley Antiterrorista?
La nueva Ley Antiterrorista busca sancionar con presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años) a toda persona que participe en una asociación terrorista.
También determina penas agravadas según la función que el acusado cumpla en dicha asociación: sea como reclutador, fundador, financista o jefe del grupo.
A su vez, señala que, aún cuando no se forme parte de una asociación terrorista, un delito terrorista se comete cuando los delitos sean perpetrados con alguna de las tres finalidades establecidas.
Estas son: socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado, imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado o someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.
El proyecto también pretende facultar al Fiscal del Ministerio Público a cargo de una investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista, previa autorización judicial, para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles.
Finalmente, también determina que, en el caso que un delito de carácter terrorista sea cometido por un empleado público en el desempeño de su cargo, deberá aplicársele la pena correspondiente, aumentada en un grado y la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.