Unicef califica suspensión de la PSU como vulneración del derecho a la educación
El organismo condenó los hechos de violencia que impidieron que casi 300 mil alumnos rindieran el examen y sostuvo que es responsabilidad del gobierno, a través de sus instituciones, generar y disponer de las condiciones para que los estudiantes puedan realizar las evaluaciones en un ambiente de seguridad y tranquilidad.
Miércoles 8 de enero de 2020 | 13:48
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calificó como una vulneración al derecho de la educación la suspensión del proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que debía desarrollarse durante los pasados lunes 6 y martes 7 de enero.
En ambas jornadas se suspendió la toma de la medición en un tottal de 80 sedes a lo largo del país por distintos incidentes, manifestaciones y disturbios, y eso además se sumó la cancelación de la prueba de Historia a nivel nacional debido a una filtración de sus resultados.
De este modo, Unicef condenó los hechos de violencia que impidieron que casi 300 mil alumnos rindieran el examen completo y solicitó a las autoridades tomar a la brevedad acciones que permitan a los estudiantes que se vieron perjudicados postular a la educación superior.
El organismo internacional sostuvo que este tipo de situaciones constituye un factor de estrés adicional para los adolescentes y que es responsabilidad del gobierno, a través de las instituciones pertinentes, generar y disponer de las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan realizar las evaluaciones en un ambiente de seguridad y tranquilidad.
Además, recordó que el Estado es el principal responsable de asegurar que los estudiantes puedan ejercer su derecho a la educación e hizo un llamado a que se privilegie el diálogo y buscar soluciones en el mediano plazo que permitan modificar el actual sistema de ingreso a la educación superior.
Unicef recalcó que en dicho mecanismo debe primar el principio de equidad con el propósito de que todos los estudiantes del país puedan hacer ejercicio efectivo de su derecho a una educación de calidad, independiente de su origen socioeconómico.
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