El senador Felipe Harboe, el abogado Mauricio Duce y Pablo Aranda de la Defensoría Penal Pública aseguran que el proyecto de ley no es efectivo, a diferencia de lo que sostienen desde el Ejecutivo. Por ejemplo, en 2018 se realizaron 550 mil controles de identidad y sólo el 6% terminó en alguna detención.