Se trata de dos empresas de áreas verdes que desde enero de 2020 han accedido a tres contratos directos con el municipio debido a licitaciones fallidas, obteniendo más dinero que el tope contemplado en la propia licitación. El último de ellos ocurrió pese a que el propio alcalde Leonel Cádiz contrató a un ingeniero forestal para hacerse cargo del proceso.