Vicente Alday, uno de los afectados, asegura que firmó un contrato de compraventa por el equivalente a 1.850 UF, dejando en prenda su hogar. Comenzó a pagar por adelantado, pero paralelamente y sin saberlo, un abogado de la empresa inició una demanda para designar un juez árbitro que puede caducar el contrato y dar paso a un remate.