A mediados del año pasado se anunció que las tarifas de la electricidad subirían 9,2% y que el costo de los nuevos medidores inteligentes sería traspasado a los clientes. La medida generó amplia molestia en la ciudadanía, a la que el Gobierno atendió pasado el estallido social y a cuyas soluciones le seguimos la pista.