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Horas después de que la Contraloría General de la República (CGR) diera a conocer los resultados de una investigación realizada a la Comisaría Virtual, donde se detectó que se otorgaron más de 2 mil permisos temporales a personas contagiadas de COVID-19, Carabineros ha utilizado sus redes sociales para responder al órgano fiscalizador.
En primera instancia, Contraloría dio cuenta que no existía conexión entre la plataforma web y las bases de datos del Ministerio de Salud o el Registro Civil, calificándola -en algunos casos- como una "nula interoperatividad".
La auditoría fue conducida con el fin de determinar si Carabineros tenía o no los mecanismos de control necesarios para asegurar la correcta entrega de los permisos temporales, y que éstos se ciñeran a la normativa e instrucciones que regulan dicha materia.
En el documento se sostiene que las falencias detectadas por el órgano contralor impidieron "mitigar el riesgo de conceder autorizaciones de desplazamiento a personas que mantenían prohibición de circulación, permitiendo la transgresión del confinamiento dispuesto por las autoridades correspondientes".
En un hilo de Twitter, la Contraloría enfatizó que la institución policial "deberá acreditar a la CGR, en un máximo de 15 días hábiles, haber remitido a la Fiscalía, los antecedentes asociados a los 2.208 casos de permisos temporales requeridos por personas con COVID-19".
La respuesta de Carabineros también vino a través de redes sociales, donde explicaron que "los antecedentes fueron enviados el 6 de agosto de 2020 a la Fiscalía Regional Centro Norte mediante el documento N° 321. Las personas que entre el 22/03 al 31/05 solicitaron un permiso aceptaron declaración jurada respecto de falsedad de información entregada incluido el encontrarse con restricción sanitaria".
Y agregaron: "El período consideraba 3 tipos de autentificación; Clave Única, C.I y Pasaporte, no existiendo interoperabilidad para validar ante el Registro Civil. No pudiendo constatar que las personas hayan hecho uso y transitado con permisos requeridos a través de la plataforma".
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Finalmente, la policía uniformada argumentó que "todo solicitante debe aceptar la declaración jurada. En caso de comprobar falsedad en ésta, por ejemplo estar diagnosticado con COVID-19, al momento de solicitar un permiso temporal o salvoconducto, incurrirá en las penas del art. 210 del Código Penal".
Tal norma del marco legislativo refiere a quien "ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales", lo que puede traducirseen sanciones económicas entre $300 mil a $500 mil pesos.
07/08/2020
10:47
