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Sábado, 11 de la mañana, Avenida Grecia con Consistorial, en Peñalolén. Un violento asalto afectó al conductor de un camión de valores que transportaba cerca de 700 millones de pesos. Siete delincuentes, que llegaron en cuatro autos al lugar, intimidaron al chofer, le arrebataron el vehículo y se lo llevaron a una calle cercana. Ahí, a través del método del oxicorte, intentaron romper el blindaje para sacar el dinero.
Pero la oportuna llegada de carabineros al lugar frustró el robo. Pese a que los asaltantes dispararon nadie resultó herido, tres de ellos fueron detenidos. Luego, se tomó declaración a los vigilantes y las contradicciones del conductor del camión, llamaron la atención.
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Con evidencia audiovisual y peritajes realizados a los celulares de la banda y el chofer, la Fiscalía Oriente logró determinar que este último, identificado como Camilo Maureira López, facilitó el asalto, además de estar coludido con los delincuentes: una vez más, el conductor del camión era cómplice.
Pero lo que podría haber quedado hasta ahí fue dejando una estela de fallos en diversos protocolos.
Primero, según Carabineros, Camilo Maureira tenía varias detenciones por hurto. Segundo, y en medio de la formalización de cargos, el fiscal Miguel Ángel Orellano, agregó otro dato no menor: que “Maureira no tiene antecedentes en su extracto de filiación, pero sí una causa por homicidio”.
Según Darío Guajardo, abogado de la Universidad Católica, “en palabras simples, él puede estar imputado por un delito de homicidio, pero mientras no se declare culpable no existe una condena, por lo tanto, no tendría por qué tener antecedentes que lo vinculen a ese delito.”
Sin embargo, llama la atención que, con esa investigación, más las detenciones previas, Maureira estuviera a cargo de un camión con 700 millones de pesos.
¿Que falló?
“A todas luces hubo fallas en los protocolos de contratación”, dice Óscar Torrejón, experto en seguridad de la empresa Colt Security. Pero, además, entrega datos que son alarmantes: las falsificaciones de documentos, como el curso del OS-10, exigido a los vigilantes y guardias de seguridad se han vuelto cada vez más comunes.
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“Cuando a la empresa le llega esta documentación, debe poner mucha atención en cómo está redactado, el tipo de letra. En el caso del certificado de antecedentes, solo muestra las condenas y si ya se cumplieron, no aparece nada". Agregó Torrejón.
Pero, además, señala que "en el certificado que tenemos borraron la palabra 'No'. Incluso, nos dimos cuenta que las fechas que aparecen aquí, son fechas en que en las academias tenían las clases suspendidas. Por último, aparece el nombre de un coronel de Carabineros que, según las fechas, no correspondía como quien estaba a cargo".
"Lo que a mí más me preocupa es que en los certificados de antecedentes, para estas labores, no aparezcan las condenas cumplidas. En el caso de Hugo Bustamante (único imputado por el homicidio de Ámbar Cornejo) trabajó de guardia. El problema de las empresas externas, por ejemplo, es que muchas veces no filtran y ojo, que hablamos, en el caso de los vigilantes, de gente que utiliza armas de fuego", advierte Torrejón.
¿Y los fiscalizadores?
Desde Carabineros llaman a la calma. "Efectivamente, las personas que ingresan al sistema de seguridad privada, son corroboradas en distintas instancias de ese proceso. En nuestros controles de auditoria podemos comprobar la veracidad de los documentos". Lo dice el coronel José Luis Pincheira, del departamento OS-10, el organismo a cargo de certificar a los guardias.
"Existen plataformas de acceso público donde podemos establecer si una persona está acreditada o no", asegura.
El coronel Pincheira agrega que "es bastante burda la falsificación, no representa ni siquiera a la autoridad acreditada para ello. Esto es un papel y no una acreditación". El oficial apunta a la responsabilidad de las empresas que contratan a los guardias y que no detectan estas "burdas" falsificaciones. "De igual manera es un delito la falsificación de este documento y hay una intención de hacerlo. Llamo a las empresas que reciban estos papeles a denunciar", dice.
El delito al que alude está tipificado como falsificación de instrumento público y, según explica el abogado Darío Guajardo, “puede tener penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, que van desde los 541 días a 5 años”.
En todo caso, para un delincuente que integra una banda armada que tiene por objeto robar camiones de seguridad, vulnerar la ley para falsificar un papel es una preocupación bastante menor.
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En el caso particular de Peñalolén, más allá de las pérdidas económicas que pueda sufrir la empresa transportista de valores, el peligro lo corrió el resto de la comunidad. “Comenzaron a huir y mientras lo hacían, comenzaron a generar disparos contra carabineros, poniendo en riesgo al resto de la población que estaba en el lugar”, relata el mayor Cristián Bichet, de la 43° comisaría de la comuna.
Afortunadamente, no hubo heridos ni víctimas inocentes en este tiroteo. La captura de los delincuentes permitió, además, visibilizar la fragilidad de los protocolos que operan para la contratación de guardias de seguridad, la facilidad con la que delincuentes con antecedentes penales y policiales pueden infiltrar estas empresas y coludirse con otros para cometer violentos asaltos.
Si no se perfeccionan los sistemas de control y fiscalización, seguirá aplicando el dicho ese que nos advierte lo que ocurre cuando dejamos "al gato cuidando la carnicería."
18/08/2020
15:03
