A principios de octubre, la Fiscalía de Vallenar formalizó a Rebeca Torrejón por usar un documento falsificado de su egreso de enseñanza media, requisito para postularse a Consejera Regional, elección que ganó en 2017.
Fueron solo 90 votos. Margen estrecho el que dirimió la elección de Consejeros Regionales de Atacama. Rebeca Torrejón ganó y Yasna del Portillo perdió. Pero desde ese día, la derrotada contendiente inició una cruzada por llegar a la verdad.
Uno de los requisitos que debe tener un candidato a CORE es tener 18 años, con derecho a sufragio, haber vivido a lo menos dos años en la región y tener la enseñanza media completa. Vale decir, haber completado el cuarto medio.
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Del Portillo descubrió que su contendiente no tenía ese último requisito y denunció el hecho. Fue así como la Fiscalía de Atacama formalizó a Rebeca Torrejón este 5 de octubre pasado por tres delitos. "Uso malicioso de instrumento público, perjurio y percepción fraudulenta de remuneraciones", según el fiscal Nicolás Zolezzi de Vallenar.
El primer delito se configuraría por un documento "ideológicamente falso" emitido por el liceo donde estudió Rebeca Torrejón, mientras que los dos siguientes corresponderían a las remuneraciones percibidas en estos dos años desempeñando la función de Consejera Regional.
Su defensora penal, la abogada Catalina Jones Sepúlveda, asegura que su defendida "sufrió de amnesia temporal durante los años '90, por lo que no recordaría si había terminado la enseñanza media, solicitando el documento en el colegio, pero es mucho más que eso y queremos aclararlo, pero debo preguntar a mi representada antes de hablar".
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Lo preocupante es que la investigación de la Fiscalía apunta a que el documento sí fue firmado por el director, pero puesto ahí por su secretaria, una partícipe activa en la campaña a CORE de la imputada Torrejón.
Pese a todo esto, el Tribunal Electoral Regional de Atacama no la ha destituido de su cargo, porque no tiene las facultades para hacerlo (solo puede ser impugnada por otro CORE) y el Juzgado de Garantía de Vallenar dio un plazo de investigación de 90 días, dejando a Torrejón con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los testigos de la causa penal.