El organismo decidió comenzar la investigación por las imágenes difundidas en las que se mostraban a uniformados identificándose como “Destroyer”, “Raptor” y “Super Dick”. Durante esta misma jornada, desde Carabineros indicaron que funcionarios optaron por usar otros nombres debido a que recibieron amenazas de muerte.
La Contraloría General de la República abrió este lunes un sumario por los tres uniformados de Concepción que usaron apodos como identificación en sus uniformes.
En las imágenes difundidas durante la semana pasada mostraban a los funcionarios de Carabineros identificándose como “Destroyer”, “Raptor” y “Super Dick”.
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"Tras una serie de denuncias relativas a la identificación del personal policial, la Contraloría General de la República instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas por estos hechos", indicaron desde el organismo.
Es debido a lo anterior que "atendida la naturaleza de las denuncias, Contraloría decidió ejecutar el sumario".
Al respecto, el jefe de la Octava Zona de Carabineros, Rodrigo Medina, explicó que los funcionarios optaron por usar otros nombres debido a que recibieron amenazas de muerte, por lo que no desean ser identificados.
“Los tres estaban amenazados y hay muchos más. Hasta yo he sido víctima de amenazas, por lo tanto, el que amenaza tendrá que hacerse responsable de por qué lo hizo", añadió Medina, según consigna Cooperativa.
El oficial detalló, además, que “ese oficial fue amenazado de muerte, su padre y su familia, por un propio compañero de curso de la enseñanza media, el cual está identificado y denunciado ante la Fiscalía”.
Investigación por compra de elementos disuasivos
Junto a lo anterior, Contraloría también abrió otra investigación relacionada a la compra de balines y lacrimógenas.
"Equipos de investigación de la Contraloría se constituyeron en dependencias de Carabineros de Chile, para sostener una reunión de coordinación con la Dirección de Logística, la Dirección de Compras Públicas y la Dirección de Auditoría Interna de la policía uniformada", informaron.
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Lo anterior, con el objetivo de "dar inicio a una Investigación Especial sobre el proceso de compra de elementos disuasivos, como balines y lacrimógenas".
Cabe recordar que el uso de balines ha estado en cuestión desde que comenzó el estallido social. Por una parte, desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH) cifra en 232 las personas con heridas oculares, de las que 163 son producto de disparos.
En tanto que el general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció durante la semana pasada que suspendía el uso de los balines, ya que un estudio elaborado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros muestra diferencias con la composición declarada por el proveedor en la ficha técnica.
25/11/2019
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