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El proyecto de protección al empleo finalizó su tramitación en el Congreso luego de que el informe de la Comisión Mixta fuera aprobado por el Senado y después por la Cámara de Diputados.
La iniciativa impulsada por el Gobierno permite el uso del seguro de cesantía para trabajadores que dejen de recibir su sueldo durante la contingencia del coronavirus, mientras la empresa afectada paga las cotizaciones.
El acuerdo aprobado por la Sala con 90 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones, define que, frente a una declaración de la autoridad que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control del COVID-19, que impliquen la paralización de actividades y que impidan totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo que cumplan con las condiciones establecidas, excepcionalmente tendrán derecho al uso de esta prestación.
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El proyecto permite la suspensión de la relación laboral por un plazo determinado, pero impide que el empleador termine el vínculo laboral aduciendo motivos de fuerza mayor. La suspensión laboral pactada no puede superar los seis meses.
Además, se permitirá la reducción de la jornada laboral, medida con la cual el empleador deberá pagar las remuneraciones proporcionales, mientras que los trabajadores podrán acceder a un complemento de hasta el 25% de su remuneración, con cargo al seguro de cesantía.
La normativa beneficia a cuatro millones y medio de trabajadores y forma parte del plan económico de emergencia presentado por el Gobierno.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que con esto “se busca mantener vivas a las empresas pequeñas, medianas y grandes, y mantener los empleos y que no se rompan los vínculos contractuales”.
31/03/2020
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