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Primero fue una enfermedad terminal y luego la hipoteca de una vivienda. Esos son los dos casos en los que personas han llegado a la justicia para pedir el retiro anticipado de sus fondos de pensiones, o al menos una parte de ellos. Si bien en ambas oportunidades el Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos, el debate quedó instalado.
Discusión que resurgió este lunes en el seminario "Pensiones en tiempos de COVID-19", organizado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).
Fue a través de una videollamada que el presidente de este organismo, Guillermo Arthur, planteó que un eventual retiro de estos recursos "contraviene el sistema de las AFP y amenaza la integridad de los fondos".
Guillermo Arthur Errázuriz es licenciado en Derecho de la Universidad Católica y experto en temas laborales, fue presidente de la Asociación Gremial de las Administradoras de Fondos de Pensiones chilenas y es vicepresidente de AFP Capital. Además es uno de los fundadores de la UDI y al final de la dictadura de Pinochet ocupó el cargo de ministro del Trabajo (entre 1988 y 1989).
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En su calidad de actual presidente de la FIAP, le cedió la palabra a Pablo Antolín, quién es el economista principal de la Unidad de Pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este último no descartó la posibilidad de recurrir a los fondos previsionales, pero advirtió que "tiene que ser una medida de último recurso y debe basarse en situaciones excepcionales y personales".
Antolín enfatizó, luego en una serie de reparos a esta medida, la merma económica que significaría: "Si se accede a este ahorro, se podrían materializar las pérdidas generadas por la volatilidad en los mercados. El impacto podría ser entre 2% y 9% en la pensión. Los más afectados serían los trabajadores que están cercanos a su jubilación, ya que tienen un ahorro acumulado mayor y, por tanto, pueden sacar más y absorberían más las pérdidas”.
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Declaraciones dadas en un contexto donde algunos países de la OCDE, como Australia y Estados Unidos, permiten diferentes mecanismos al respecto. Lo que algunos piensan se podría implementar en nuestro país en el actual contexto.
"Abrir la posibilidad mediante una ley exprés, que permita a los afiliados al sistema, disponer de una fracción de su ahorro previsional para enfrentar las contingencias derivadas de la crisis sanitaria y económica". Lo anterior es el primer punto de una propuesta que le hizo llegar la coordinadora No+AFP a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados el pasado martes 7 de abril.
Discusión parlamentaria
Desde Valparaíso, el diputado del Partido Comunista (PC) y presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, explica que "es nocivo que sean los trabajadores los que financien los costos de esta crisis. Es obvio que están perdiendo fondos por el manejo irresponsable de las AFP, al final hace que no haya mayor esfuerzo del Estado".
De todas maneras, complementa que "siendo situaciones absolutamente excepcionales, soy contrario a la idea del retiro sin la opción de una garantía estatal".
Por otro lado, su colega en la comisión, el diputado de Renovación Nacional (RN), Alejandro Santana, dice que "ya lo debatimos en la reforma al sistema de pensiones que pasó al Senado. Es una opción, pero debe ser la última en términos de liquidez o fondos disponibles. No hay que verlo como algo negativo". Santana advierte, además, que se requeriría obligatoriamente el patrocinio del Ejecutivo.
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En tanto que desde el Ministerio de Hacienda evitaron referirse al tema hasta el cierre de esta nota. Sin embargo, en su momento, cuando el presidente de la AFP Uno propuso permitir que sus afiliados retiren parte de sus ahorros previsionales para enfrentar la actual crisis, el ministro de la cartera, Ignacio Briones, señaló la necesidad de ser "extremadamente cuidadosos".
En 2015, el economista David Bravo lideró la "Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones". El informe final de dicha instancia fue la hoja de ruta de la reforma previsional de la entonces presidenta Michelle Bachelet, la que sería desechada una vez ocurrido el cambio de mando en 2018.
Bravo, ahora director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, advierte que "creo que es erróneo plantearlo siquiera como una medida de último recurso en el caso de un país que, como Chile, tiene políticas para abordar problemáticas específicas (en vivienda, salud, desempleo, etc...)".
¿Descartada de plano la opción para Chile? "En el marco de la discusión actual, donde tenemos pendiente una reforma mayor, no me parece adecuado ceder a esta mirada que enfatiza aspectos de corto plazo. Y sólo presenta inconvenientes como los que menciona Antolín", asegura.
28/04/2020
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