Luego de que saliera a la luz una rendición de gastos de campaña por la gobernación metropolitana de la actual candidata a senadora por la RM, se procedió a analizar los antecedentes revelados y se concluyó que podría configurarse el delito de fraude de subvenciones.
Este miércoles, salió a la luz una rendición de gastos de campaña por la gobernación metropolitana de la actual candidata a senadora por la RM, Karina Oliva en que se evidencia que la militante del Partido Comunes habría contado con un equipo de siete personas que obtuvieron en conjunto alrededor de $137 millones en pagos electorales, dineros que fueron rendidos al Servel.
Luego de que se revelara esta información, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación de oficio contra Karina Oliva por el presunto delito de fraude de subvenciones en la declaración de gastos de su campaña a Gobernadora Regional Metropolitana. En una resolución emitida durante la tarde de este jueves, Abbott designó a cargo de la indagatoria al Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.
La decisión se fundó en las recomendaciones de un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), la que tras analizar los antecedentes revelados por la prensa concluyó que podría configurarse el delito de fraude de subvenciones, en la medida que, según se ha publicado, “se habrían rendido gastos electorales mendaces”, de boletas y facturas por bienes y servicios que no habrían sido prestados, existiendo documentos ideológicamente falsos.
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Todo ello, sostiene la resolución, sería indiciario de una conducta fraudulenta, con la finalidad de obtener los aportes fiscales regulados en los artículos 13 y siguientes de la Ley de Gasto Electoral. Este delito es de carácter común y de acción penal pública, por lo que la Fiscalía puede perseguirlo de oficio, a diferencia de los delitos electorales en los que para abrir una causa requiere la presentación de una denuncia o querella del SERVEL.
La decisión de Abbott también tuvo en cuenta la denuncia presentada hoy por los diputados Jorge Alessandri, Luciano Cruz-Coke, y Guillermo Ramírez, en contra de Oliva, por hechos que calificaron como constitutivos del delito de fraude de subvenciones, previsto en el artículo 470 N°8 del Código Penal.
“Teniendo en consideración la gravedad y complejidad de los hechos relatados, la investigación penal que deberá abrirse, deberá estar a cargo de un Fiscal Regional”, sostuvo el escrito al argumentar el nombramiento del Fiscal Barros.
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18/11/2021
18:40
