10/08/2020
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En la acción judicial se afirma que los casos "son consecuencia directa e inmediata de una serie de abusos en el uso de la fuerza" y que se trata "de una falta de servicio por la cual el Estado debe responder”. Buscan que se pague por indemnización de perjuicios, en total, poco más de $7 mil millones en favor de los afectados.
Un grupo de 22 personas que sufrieron una lesión o trauma ocular presentaron una querella colectiva en contra del Estado de Chile.
La acción judicial fue ingresada ante el 15º Juzgado Civil de Santiago y en más de 143 páginas recoge los casos de quienes señalan haber sido víctimas de los daños cuando participaban, en su mayoría, de manifestaciones después del 18 de octubre pasado.
Otros también relataron que estaban cerca de sus casas en Cerro Navia o volvían de sus trabajos y se cruzaron con manifestaciones.
Lee también: Fabiola Campillai sobre el Gobierno: "Nunca nos han llamado ni han tratado de saber cómo estoy"“Estas lesiones sufridas por nuestros representados son consecuencia directa e inmediata de una serie de abusos en el uso de la fuerza, así como de un cúmulo de graves negligencias cometidas, a distinto nivel, por Carabineros de Chile", dice el texto consignado por El Mercurio.
"Cada uno de estos abusos y negligencias constituye, por sí solo, una falta de servicio por la cual el Estado debe responder”, añade.
Se trata de la primera acción colectiva que se presenta en la Región Metropolitana y busca que se establezca la responsabilidad del Estado y que se pague por concepto de indemnización de perjuicios, en total, poco más de $7 mil millones en favor de los afectados.
En el texto se detalla que, de las 22 víctimas, 17 fueron lesionadas por perdigones de escopetas antidisturbios y otras cinco por cartuchos lacrimógenos de carabinas lanzafases.
Lee también: El cartel de protesta de Gonzalo Winter por Gustavo Gatica y Fabiola Campillai durante la Cuenta PúblicaLa querella es patrocinada por cuatro abogados de distintos estudios, todos miembros de Libertades Públicas, entre ellos, Felipe Leiva, quien señaló que la acción tiene "distintas virtudes".
"En una buena cantidad de casos, posiblemente no será sencillo determinar cuáles fueron los funcionarios involucrados y quizás no existan sanciones penales concretas. Esta vía, en cambio, permite que sea el Estado el que compense a las víctimas -muchas de las cuales vieron dramáticamente afectada su vida-, por lo que constituye un evidente mal funcionamiento de sus policías”, complementó.
La acción fue notificada al demandado, el Estado de Chile, el viernes pasado y ahora este debe contestarla.
