"Es un chantaje": Asociaciones migrantes denuncian que plan humanitario del gobierno "es una deportación"

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Hace una semana la muerte de un ciudadano venezolano en un albergue en la comuna de Providencia consternó a toda la comunidad. Tenía 40 años y estaba a la espera del resultado de su examen PCR. La causa de muerte, aseguran, fue un paro cardíaco, pero días antes había comenzado con síntomas asociados al nuevo coronavirus.

Mientras estaba en el campamento frente a la embajada de Venezuela, un grupo médico había advertido de su condición de salud delicada y luego, en el albergue, volvió a llamar la atención de los profesionales y pasó a ser un caso sospechoso de COVID-19.

Organizaciones de venezolanos ven muy difícil que su cuerpo pueda ser repatriado. Más aún si no existe un vuelo humanitario en el que puedan retornar quienes desean volver a su país. Esta es quizás la historia más triste de lo que están viviendo los ciudadanos extranjeros que piden con urgencia ayuda para volver a su patria, luego de que, debido a la emergencia sanitaria, muchos ya no tengan las condiciones necesarias para quedarse en Chile.

Plan Humanitario de Regreso Ordenado

La denuncia surgió en redes sociales. Una publicación del presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile encendió las alarmas. En ella, Héctor Pujols señala “ojo a lo que le hacen firmar a las personas acampadas en los consulados y que están esperando el retorno a sus países”.

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Se trata de un documento que deben firmar quienes quieran acceder al Plan Humanitario de Regreso Ordenado. En él se aclara, entre otras cosas, que quien lo adopte debe hacerlo de manera libre y voluntaria, en pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones.

Sin embargo, los dos puntos que generaron molestia en las organizaciones de migrantes son los siguientes. En el punto 3 se indica que se renuncia a toda solicitud de residencia o de refugio o al estatus de refugiado si es que lo posee. Y, más abajo, en el punto 6, se pide aceptar el compromiso de no regresar a Chile en un plazo de 9 años.

“Es un documento que están entregando a los colombianos acampados en el consulado para la expulsión. Cuando te obligan a estar 9 años sin poder volver, cuando te obligan a renunciar a la residencia en el caso que la tengas, te obligan a no tener hijos chilenos, porque entonces podrías pedir reagrupación, cuando te piden que se vaya todo el núcleo familiar es una deportación, eso no es un gesto humanitario”, afirma Pujols.

Para el líder de la organización, “son personas que están en una situación crítica, que han perdido el empleo, que han perdido sus hogares, que quieren a toda costa volver a su país, porque no tienen redes de apoyo en Chile y en ese contexto hablan de medida humanitaria, pero insisto es una deportación. Se encuentran entre la espada y la pared”, señala.

Quien se suma a la molestia por esta medida, es el secretario de la Asociación Venezolana en Chile, Carlos Carrasco, quien califica la medida de "chantaje". Para él, que se declare como voluntario el documento no tiene mayor validez, porque “pasa a ser totalmente obligatorio para que las personas puedan montar en el avión y puedan regresar a sus países”. En la misma línea, agrega que “no puede ser que de un momento a otro se le exija que para ayudarte no puedas volver en 9 años. Es como un chantaje, realmente”.

Lo que otro que preocupa a estos líderes de organizaciones migrantes es que se les pida, según el documento publicado por Pujols en redes sociales, perder la calidad de refugiado. “Es gravísimo. Es un chantaje a un refugiado. Viola cualquier tratado internacional en materia de refugio. Yo lo encuentro bastante ruin, porque es aprovecharse de la necesidad de la gente para hacer una deportación, es horrible, no sé qué les pasa por la cabeza”, afirma Pujols de la Coordinadora nacional de inmigrantes en Chile.

De hecho, están evaluando los pasos a seguir y no sólo con instituciones dentro de nuestro país, como los Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional o el Instituto Nacional de Derechos Humanos. También miran con atención instancias internacionales y no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Agencia de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.

“Nosotros creemos que viola la legislación migratoria actual, porque tú no puedes obligar a una persona a renunciar a la residencia con este tipo de chantaje, pero también por supuesto a instancias internacionales. No vamos a permitir este tipo de actos”, concluye Pujols.

Por su parte, el vocero de la Asociación Venezolana en Chile indica que “en el caso de la migración venezolana nos parece sumamente grave, porque las personas migrantes venezolanas establecidas por la ONU, establecidas por la OEA, son personas con necesidades especiales, con necesidades de protección especiales, y no puede ser que se les prohibida la entrada a Chile simplemente por querer regresar en este momento a Venezuela, ya que las condiciones no están dadas para estar aquí”.

En total, según sus registros, son 600 las personas de nacionalidad venezolana las que quieren regresar a su país. La mitad de ellas se encuentran actualmente en algún albergue. Hasta la semana pasada, 26 habían dado positivo al examen de COVID-19, quienes están aisladas en residencias sanitarias, pero les preocupa las condiciones en las que viven el resto de sus compatriotas.

Aseguran que hay niños y niñas, adultos mayores y embarazadas. “Nos preocupa que no existan las medidas y protocolos sanitarios”, indica Carlos Carrasco. Por el momento se han organizado para ir en su ayuda, no sólo con alimentación, también con controles médicos.

La Asociación Venezolana en Chile pide más diálogo. Para ellos, la firma de este tipo de documento, en lugar de ser una solución, sólo genera más fragilidad. “Implementar esta medida, lejos de ser una solución viable, va a generar mayores situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes en Chile. Deben tener mayores enfoques de derechos humanos, mayor empatía con las personas migrantes en general”, indica Carrasco.

Para Pía Mundaca, directora Ejecutiva de Espacio Público y ex jefa de política migratoria, “prohibir el retorno de los migrantes en un plazo de 9 años me parece una prohibición desproporcionada, sobre todo considerando que son personas viviendo una pandemia como la que hoy día vivimos, donde es esa desesperación finalmente la que los lleva a retornar a sus países, que están en su legítimo derecho.”, afirma.

Para ella, esta situación está lejos de ser una opción que los migrantes escogen con libertad y señala que “puedo entender que el gobierno necesite generar ciertas condiciones para facilitar esa salida, porque involucra un esfuerzo por parte del Estado de Chile, pero no me gustaría creer que hay un aprovechamiento de la situación”. Y tal como plantean los expertos consultados, el documento, al que estarían accediendo los migrantes que deseen volver a su país, está generando disyuntivas en algunas personas que quieren regresar a sus países de origen.

Respecto a un grupo de colombianos que acampaba a la intemperie, el teniente Edgard Reyes, de la Subcomisaría de Asuntos Diplomáticos de Carabineros, sostuvo el domingo recién pasado que “la cancillería de ambos países realizó una gestión importante para poder concretar este vuelo humanitario, con algunas exigencias obviamente de prohibiciones en cuanto a que estas personas de nacionalidad colombiana no puedan retornar al país en aproximadamente 9 años".

"Hay discrepancias en algunos colombianos respecto a esta situación, entendiendo obviamente de que mantienen trabajo en este lugar y la voluntad de ellos es poder regresar nuevamente a Chile”, añadió Reyes.

Al ser consultados el Departamento de Extranjería y la Cancillería no se obtuvieron respuestas.

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