La expresidenta interina es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Autoridades gubernamentales señalan que es el primer paso para procesar a Áñez por otros motivos, incluidas las muertes ocurridas durante la crisis de 2019.
En su acusación, la exmandataria interina aludió al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien fue abogado de Morales y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
"El tirano inculpa a su propio gobierno, a Arce y Choquehuanca, Lima, del Castillo, su abogado personal Procurador, su delfín Andrónico, sus jueces y fiscales de condenarme por orden suya. ¡Puede dictar 100 años presa y seguirá siendo prófugo y cobarde!", señala el mensaje publicado en las redes sociales de Áñez, administradas por su familia.
La expresidenta interina se refirió de esta forma a los dichos de Evo Morales en un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca en relación a la sentencia en su contra.
"En una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, el vicepresidente, Iván Lima, la ministra de la Presidencia (María Nela Prada), el Pacto de Unidad (...) los jefes de bancada, senadores, diputados, presidentes de las Cámaras, casi coincidimos en que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades", afirmó Morales este domingo.
Áñez fue condenada el viernes a 10 años de cárcel por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.
El Gobierno de Arce y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) han insistido en que la dimisión de Morales fue producto de un golpe de Estado en su contra, mientras que sus detractores sostienen que fue consecuencia de las acusaciones de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.
Opositores bolivianos rechazaron la condena contra Áñez y critican a la Justicia, mientras que Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por la forma en que se llevaron los procesos contra la expresidenta interina.
Autoridades gubernamentales han destacado que se sentó un "precedente histórico" para que "no se vuelva a repetir un golpe de Estado" y señalan que es el primer paso para procesar a Áñez por otros motivos, incluidas las muertes ocurridas durante la crisis de 2019.