La acción también fue dirigida en contra de seis de sus principales ejecutivos, "por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios" entre 2017 y 2018.
Durante la primera quincena de octubre, la Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento por colusión contra las principales empresas de transportes de valores que operan en Chile. Las tres compañías involucradas son Brinks, Prosegur y Loomis.
Según indicó la misma FNE, la acción también fue dirigida en contra de seis de sus principales ejecutivos, "por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018". El servicio público pide al TDLC multas que van desde los 63 millones de dólares, lo cual equivale aproximadamente a 51 mil millones de pesos chilenos.
“Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley", fue lo que expresó Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico.
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Asimismo, el abogado especificó en que "este cartel se desarrolló luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia y eso nos ha permitido solicitar las multas individuales más altas que hasta ahora haya conocido nuestro sistema de libre competencia, dando el primer paso que exige la ley para una eventual persecución penal del mismo".
Finalmente, también se solicitó iniciar un proceso de exhorto para notificar el requerimiento a dos de los ejecutivos que no residen actualmente en nuestro país.