La investigación por corrupción judicial que empaña la elección de la Asociación Nacional de Magistrados
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, investigó al presidente gremial Mauricio Olave y al ex titular, Álvaro Flores, ambos imputados en un caso abierto desde 2018. La jueza Vania Boutaud denunció que, en 2016, usaron el sistema judicial para una investigación penal en su contra, con la ayuda de oficiales de la PDI y sin la intervención del Ministerio Público. Cuatro magistrados también involucrados habrían apoyado la indagatoria, aunque solo se trataba de una querella por injurias. Al día de hoy, nuevos antecedentes dan cuenta del sobreseimiento definitivo de la causa.
Publicado por CHV
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, investigó la comisión de presuntos delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y denuncia calumniosa, a siete jueces de distintos tribunales, entre ellos al actual presidente de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), Mauricio Olave Astorga.
La información fue confirmada a CHV Noticias, luego que Perivancic fuese designada por el ex titular Jorge Abbott para continuar el caso que -sin grandes avances-, estuvo en manos de dos fiscales regionales de la zona sur capitalina. Se trata de Raúl Guzmán (actual secretario del Senado) y Héctor Barros, respectivamente.
Los hechos indagados refieren a una denuncia interpuesta en 2018 por la jueza del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, Vania Boutaud. En ella asegura que sus colegas manipularon el sistema judicial en su favor, para realizar una investigación penal en su contra sin la actuación del Ministerio Público y usando recursos de la PDI en 2016. Ello ocurrió -aseguró Boutaud- de manera coincidente, tras revelar el intento de la ANM de comprar una hostería en Iloca por 1.700 millones, cuyo dueño -como parte de una sucesión- es el hoy fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Álvaro Martínez.
La presentación de Boutaud apunta a que sus homólogos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Jaime Fuica y Ponciano Sallés autorizaron diligencias durante 2016 -que ejecutó la PDI- a raíz de una querella por injurias, interpuesta a principios del mismo año por el entonces presidente de la ANM, Álvaro Flores.
De izquierda a derecha, el juez laboral Álvaro Flores y el presidente de la ANM, Mauricio Olave.
Básicamente, la acción legal -hasta hoy secreta en el sistema judicial- permitió realizar averiguaciones policiales para comprobar si Boutaud habría enviado el e-mail, a fines de 2015, a jueces de todo el país que cuestionaba la probidad de Flores como promotor del negocio inmobiliario.
En la dictación de pesquisas se incluye también a Darwin Bratti y Álvaro Arriagada, que actualmente laboran en otras sedes de la judicatura.
La misma acción legal añade el delito de denuncia calumniosa en contra de Flores, el ex magistrado Alejandro Huberman y Olave que en 2016 eran el vicepresidente y tesorero de la ANM, respectivamente.
La causa está en plena tramitación, en momentos en que la ANM realizará la votación para cambiar a la directiva, este 28 y 29 de octubre. Flores, indagado por la Fiscalía, integra una de las listas en competencia.
De acuerdo a la versión entregada por Perivancic en un comunicado a este medio, la PDI realiza actualmente las diligencias para acreditar los hechos, donde todos los aludidos tienen la calidad de imputados, de acuerdo a la carpeta de investigación. Por ahora no existen formalizados.
Los vericuetos de esta trama los revela CHV Noticias.
Siga al dinero
Todo comenzó el 31 de diciembre de 2015 cuando el juez Laboral, Álvaro Flores, era la cabeza de la ANM. Ese día, un correo electrónico recorrió las casillas de una parte importante de los jueces a nivel nacional, como también ministros y relatores de corte.
En el mensaje aparecía el dibujo de un viejo pascuero y una carta a este último en clave sarcástica, que ponía en tela de juicio la probidad de Flores, a raíz de la fallida compra de una hostería por $1.700 millones en la localidad de Iloca.
El propietario -dentro de una sucesión- era el actual fiscal judicial de la Corte de Rancagua, Álvaro Martínez. Y uno de los que promovió el negocio -en un segundo intento-, fue el ex juez Alejandro Humberman, que ofertó la misma compraventa a través de la oficina Huberman Propiedades, de acuerdo a la información publicada por Ciper Chile.
El mail generó la ira de Flores, quien interpuso una querella por injurias en “contra de quienes resulten responsables” a fines de enero de 2016, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Una vez que el escrito fue proveído, una serie de magistrados se inhabilitaron, pero no todos.
Este tipo de libelos son conocidos como una acción penal “privada”. En otras palabras, donde no participa el Ministerio Público, ni se ordenan diligencias a la policía, ya que la prueba debe ser aportada íntegramente por el recurrente.
Sin embargo, en este caso, los magistrados de ese tribunal dictaron órdenes -en algunos casos “confidenciales”- con miras a comprobar que el correo electrónico había sido enviado por su colega Vania Boutaud, tal como lo confirmaron los funcionarios de la Brigada del Cibercrimen, Jeanette Méndez y Javier Rodriguez Segovia.
Así luce hasta hoy la tramitación de la querella interpuesta por Álvaro Flores.
Jueces proactivos
A pocos días de la querella presentada por Flores, el tesorero de la ANM, Mauricio Olave, se contactó directamente con el funcionario del Cibercrimen de la PDI para agilizar la toma de declaraciones, ya que estimaban ser víctimas del email injurioso.
El primero en prestar testimonio fue Olave, que por entonces fungía como profesor de la Escuela Investigaciones, de acuerdo a la información aportada por la policía civil. Luego siguió Huberman, el mismo día. Todo ocurrió con rapidez, porque el primer informe policial con las diligencias cumplidas, los detectives demoraron apenas 13 días en enviarlo al tribunal.
En mayo del mismo año, ambos jueces volvieron a ser interrogados, oportunidad en que manifestaron sus sospechas de que la jueza Boutaud era quien había enviado el correo electrónico, aseguraron los mismos detectives del Cibercrimen.
Pues bien, estos últimos solicitaron información a distintas compañías telefónicas con el RUT de Vania Boutaud, para acreditar qué servicios celulares tenía contratados.
Casi todas informaron que, asociado a ese número de carnet, nada existía en sus bases de datos, salvo Entel, que rechazó la petición, porque revelar el tráfico de llamadas -respondió a la PDI- requería de una autorización judicial. Lo anterior, porque se trata de una medida intrusiva.
Siguiendo pistas y con nuevas resoluciones del Séptimo de Garantía, los policías llegaron a un cibercafé a dos cuadras del Palacio de Tribunales, porque la georeferenciación indicaba que la dirección IP del cuestionado e-mail, se ubicaba en ese lugar.
Cuando llegaron, el dueño del local no se opuso a colaborar para que sus equipos fueran periciados por el Cibercrimen. El sujeto, en todo caso, fue detenido, ya que mantenía una orden de aprehensión pendiente por un delito económico.
Hubo otras diligencias, pero lo llamativo es que ninguna de las autorizaciones judiciales emanadas del Séptimo Juzgado de Garantía para realizarlas, fueron halladas por la PDI cuando revisó sus registros.
Pese a todas las diligencias realizadas y durante meses -sumado al gasto fiscal-, el autor del envío digital nunca fue descubierto.
El tiempo pasa
Cuando la investigación que desarrolló la PDI fue sobreseída en 2018, la jueza Boutaud denunció los hechos ante la Fiscalía Centro Norte. A poco andar, esta última resolvió enviarla a la zona Sur, cuyo fiscal regional, por entonces, era Raúl Guzmán. Este último renunció a su cargo en 2019 poco antes de ser nombrado secretario del Senado, siendo reemplazado por Héctor Barros.
La denuncia de Boutaud pasó por cuatro persecutores penales adjuntos de ese Ministerio Público. Además, las diligencias que los jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizaron, recién a principios de año habrían sido incluidas en la carpeta de investigación del “caso Boutaud”.
La causa tomó nuevos bríos en 2021, a cargo de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet), pero hasta ahora ninguno de los imputados habría prestado declaración pese a que han transcurrido más de cuatro años desde la denuncia.
Fuentes de la Fiscalía Nacional explicaron a este medio que la magistrada solicitó formalmente -en agosto de 2021- copia de la carpeta de investigación a través del sistema computacional del Ministerio Público. De vuelta recibió una negativa como respuesta, porque no participaba procesalmente de la causa, desconociendo que era la principal afectada por la situación.
Las mismas fuentes agregaron que Boutaud presentó un escrito ante el fiscal nacional Jorge Abbott, denunciando que su calidad de víctima no estaba siendo reconocida, como también la excesiva demora en la tramitación del caso. Argumentó además que los plazos de prescripción para ejercer acciones penales estaban cerca de vencer.
Abbott analizó detenidamente los hechos durante varias semanas y aún cuando estimó que la Fiscalía Sur actuó con apego a la legalidad, ordenó entregar la información solicitada y resolvió enviar la investigación a la titular de la Región de Valparaíso, Claudia Perivancic.
Si bien la actuación de Abbott implicó que una nueva jurisdicción se hiciera cargo de la indagatoria, lo cierto es que han transcurrido más de cuatro años y no existe claridad si los jueces mencionados cometieron delitos en el ejercicio de sus cargos.
El fallo de julio del 2024
El 7° Juzgado de Garantía resolvió el sobreseimiento definitivo en el caso contra Mauricio Olave y otros imputados, quienes enfrentaban cargos de denuncia calumniosa y prevaricación. El tribunal determinó que la denuncia no cumplía con los requisitos legales, ya que no fue nominativa ni se demostró dolo o falsedad en las acusaciones, por lo que los hechos no constituyen delito.
En cuanto al cargo de prevaricación, el fallo explica que las actuaciones administrativas que se cuestionaban, como la confidencialidad de ciertos documentos judiciales, no constituyen este tipo de infracción. No se logró acreditar la intención maliciosa de los imputados ni un perjuicio directo a la parte afectada, lo que resultó en la absolución.
Por último, el tribunal subrayó que, aunque los hechos podrían tener consecuencias disciplinarias, no cumplen con los criterios penales necesarios para ser considerados como delitos. De esta manera, el caso fue cerrado, y los imputados fueron absueltos de todos los cargos.
Resolución judicial
Este caso judicial fue resuelto por el 7° Juzgado de Garantía, que decretó el sobreseimiento definitivo de Mauricio Olave y otros imputados. El tribunal concluyó que no se cumplen los requisitos legales para los delitos de denuncia calumniosa y prevaricación, ya que no se acreditó dolo, falsedad ni intención de perjudicar en las actuaciones investigadas. Los hechos podrían tener implicancias disciplinarias, pero no constituyen ilícitos penales según lo exigido por la ley. Por lo tanto, el caso ha sido cerrado y los imputados absueltos de todos los cargos.
24/10/2022
08:00
