El texto, presentado por la diputada PPD Cristina Girardi, indica que el consumo de medicamentos no puede condicionar la permanencia de los estudiantes con trastornos de conducta.
El Senado aprobó de forma unánime el proyecto conocido como "Ley Ritalín", que prohíbe que las escuelas obliguen a tomar medicamentos a los estudiantes con trastornos de conducta como hiperactividad o déficit atencional.
La iniciativa fue presentada por la diputada Cristina Girardi (PPD), y en lo específico modifica la ley General de Educación y la ley sobre Subvención del Estado, planteando que el consumo de medicamentos no puede condicionar la matrícula de los estudiantes.
"Hoy se puso sobre la mesa un tema que no se discutía. Antes era natural medicar a los niños en Chile, hoy tenemos un sistema que está enfermando a los niños que al obligar a medicarse no reconoce sus falencias. Hoy tenemos un sistema que en vez de dedicarse a los niños, exige que estos sean funcionales al sistema. Lo que se aprobó es un avance", expuso Girardi.
Lee también: Proyecto sobre eutanasia: Comisión de salud aprueba incorporar el suicidio asistidoLa parlamentaria agregó que "no es normal la sobremedicación ni el sobrediagnóstico. El propósito de la educación es que los niños aprendan y si hay niños que tienen trastornos conductuales, se debe buscar desde lo pedagógico una solución. Ahora, se establece que las escuelas tienen que desarrollar practicas psicopedagógicas contemplativas como el yoga o la meditación, que son alternativas que no son medicación".
Por otra parte, la senadora DC Yasna Provoste, encargada de entregar el informe en el Senado, señaló que "este proyecto se suma a lo que ya habíamos hecho en la Ley de Nueva Educación Pública, que hace que el sistema educativo vuelva a colocar una mirada respecto a la importancia que tienen nuestros niños en el sistema escolar y que nunca más una familia sea obligada a entregarle medicamentos a sus niños para que permanezcan en un establecimiento educacional".
Previo a su paso por el Senado, el proyecto de ley ya había sido aprobado también de forma unánime en la Cámara Baja, por lo que ahora pasó a su tercer trámite constitucional.