La alcaldesa Lorena Olavarría (CS) presentó una querella por fraude al fisco e indemnización de perjuicios contra el ex jefe comunal, ex director jurídico y ex director de Administración y Finanzas por un fallido contrato de compraventa que habría incluido una cláusula que "solo afectaba a la municipalidad".
La Municipalidad de
Melipilla, liderada por la alcaldesa
Lorena Olavarría (CS), presentó una
querella por fraude al fisco e
indemnización de perjuicios en contra del ex jefe comunal
Iván Campos (RN).
La acción judicial fue presentada el pasado 20 de diciembre de 2023 y también involucra al
ex director jurídico de su administración, Rodrigo Videla, y del
ex director de Administración y Finanzas (s), Francisco Devia.
De acuerdo con el documento, la querella busca perseguir responsabilidades penales
debido a un "perjudicial contrato de compraventa" que fue suscrito durante la administración de Campos en 2020 para la compra de un terreno para expandir un vertedero y que significó el pago de
una multa por $500 millones.
Alcaldesa Lorena Olavarría: "Los responsables tendrán que pagar"
Según declaró la alcaldesa Olavarría, cuentan con los elementos suficientes para
probar un presunto delito de fraude al fisco por “perjuicio patrimonial causado por la
redacción y suscripción de un contrato de promesa de compraventa que no
contempla garantías para el patrimonio municipal".
A su vez, aseguró que el "no pago oportuno de una cuota del mismo, habiendo recursos suficientes para ello"
provocó un perjuicio patrimonional por el monto antes mencionado.
“Ahora serán los Tribunales quienes tendrán que dar por acreditados los hechos, y los responsables
tendrán que pagar cada peso que tuvo que gastar el municipio por su inoperancia", añadió Olavarría.
Los detalles del polémico contrato firmado por Campos
Según los antecedentes que maneja la Municipalidad, el contrato fue firmado el 16 de diciembre de 2020 y su redacción, realizado por la Dirección Jurídica de Campos, incluyó una
cláusula de incumplimiento que "solo afectaba a la municipalidad" cuyo valor aproximado era de $497 millones.
Si bien la primera cuota fue pagada al momento de la firma, la segunda cuota no fue cumplida con el argumento de "falta de recursos". Una vez Olavarría asumió el municipio, los
dueños del terreno presentaron una demanda para poner fin al contrato y recibir el pago de la millonaria multa.
En ese sentido, el Concejo Municipal acordó una transacción extrajudicial e
hicieron efectivo el pago de la multa por $497.000.000. Luego, la alcaldesa ordenó una investigación interna y desde el municipio aseguran que
descubrieron que había "liquidez suficiente" para pagar dicho contrato.