La iniciativa beneficiaría a cerca de cuatro mil personas, entre quienes se cuenta a familiares de fallecidos en el marco del estallido social. Los fondos permitirían costear los tratamientos tanto físicos como psicológicos.
Diputados de oposición presentaron un proyecto de reparación e indemnización para los afectados por la violencia estatal y los familiares de fallecidos durante el estallido social. La medida beneficiaría a cerca de cuatro mil personas.
La autora de la iniciativa, la diputada Camila Vallejo (PC), manifestó que “Chile sigue en deuda con quienes iniciaron esta movilización histórica, que nos permitieron el hermoso triunfo del 25 de octubre".
"Muchas de esas personas, que se atrevieron a salir con fuerza a las calles, perdieron sus ojos, muchos murieron, muchos sufrieron daños no solamente físicos, sino también psicológico que los van a marcar toda su vida. A ellos les debemos mucho y este país y este Estado lamentablemente sigue en deuda con ellos", agregó la parlamentaria.
El proyecto busca entregar fondos para costear lo tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación que permitan que las personas afectadas puedan reinsertarse en la vida laboral y familiar.
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El texto indica que, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al 19 de marzo de 2020 se contabilizaban un total de 3.838 personas heridas, 460 de éstas con lesiones oculares, y 34 personas fallecidas en el marco de las manifestaciones.
Vallejo destacó el trabajo realizado "con las agrupaciones de víctimas de trauma ocular, las familias que han perdido a sus seres queridos y las agrupaciones de presos de la revuelta".
El proyecto también disminuye los requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en una falta al no proteger los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica de los manifestantes, teniendo entonces que sólo acreditar la existencia y cuantía del daño.
La iniciativa fue ingresada por Vallejo junto a las diputadas del PC Carmen Hertz y Marisela Santibáñez, y cuenta también con la firma de Matías Walker (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Emilia Nuyado (PS), Carolina Marzán (PPD), Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (PCS) y Natalia Castillo (RD).