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La entidad detalló que solamente un 2% de los casos indagados tuvieron una resolución con alguna pena. La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, criticó al Estado y acusó que se mantiene "una deuda insostenible con niños, niñas y adolescentes".
El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez dio a conocer este lunes 20 de junio un nuevo informe, el cual se denominó “No hay justicia sin verdad: avances en la tramitación de causas de fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en la red Sename”.
La entidad publicó en el documento datos que fueron considerados como “alarmantes” respecto a la vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado y a la falta de justicia en dichos casos.
En detalle, la Defensoría registró que entre enero del 2005 y julio del 2016 hubo 878 muertes al interior de los recintos de red Sename, aunque de ellos 347 de éstas fueron conocidos por la Fiscalía.
Y las cifras siguen bajando: de ese número, 200 fallecimientos fueron indagados por el Ministerio Público y en únicamente cinco casos hubo una condena de parte del Poder Judicial, lo que equivale al 2% del total.
El informe precisó que 185 casos ya fueron dados por finalizados, en su mayoría por decisiones procesales de sobreseimiento (44%) y decisión de no perseverar en la investigación (45%).
En cuanto a las causas que efectivamente finalizaron con alguna pena, se especificó que dos corresponden a los delitos de apremios ilegítimos con resultado de muerte. Mientras que en las otras tres, las personas condenadas ya han cumplido sus penas de manera remitida.
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que “constatamos, una vez más, que para todo tipo de causas que involucren la violación de Derechos Humanos, el proceso investigativo y judicial no ha bastado para lograr verdad, justicia y reparación”.
“El Estado sigue sin cumplir los deberes que les imponen los Derechos Humanos en esta materia, manteniendo una deuda insostenible con los niños, niñas y adolescentes, de ayer y de hoy, que han sido vulnerados por el Estado que les debió cuidar y proteger”, agregó.
Finalmente, se consignó que el mencionado informe fue remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.