Este jueves se cumplió un año desde el fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado y a las empresas involucradas a implementar 15 medidas para reparar los daños causados por los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, ocurridos entre agosto y septiembre de 2018.
Con motivo de la fecha y alegando que no ha habido avances, el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Valparaíso, Fernando Martínez, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para pedir una rendición de cuenta de los avances.
”El 25 de mayo la Superintendencia del Medio Ambiente presentó un informe a la Corte, pero no se informa de lo más importante, que es la primera medida que determinó la Corte Suprema, en la cual se establece un plazo de un año, que se cumple el día de hoy precisamente, para que se pueda determinar cuál es la naturaleza, la cantidad de los elementos contaminantes que existían y siguen existiendo”, alegó.
Paralelamente, Greenpeace alertó que, durante este período, Quintero-Puchuncaví ha enfrentado 46 días con altas concentraciones de dióxido de azufre (SO2), los cuales han superado los máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que podrían agravar la situación respiratoria y cardiovascular de la población .
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“A los graves y constantes episodios de contaminación ahora se suma el peligro del avance del coronavirus. La combinación de estos dos elementos, como lo ha señalado un estudio publicado por la Universidad de Harvard y otro de la revista Science of the Total Environment, podría ser particularmente peligroso e incidiría de manera importante en las tasas de letalidad en medio de la pandemia”, dijo su director, Matías Asun.
A las críticas se sumó el director del Movimiento por la Infancia en Quintero, Manuel Pizarro, quien dijo que “nosotros seguimos viviendo con peaks de contaminación, con este constante problema que hoy afecta mucho más con el coronavirus al sistema respiratorio. Pedimos solamente una cosa: que se cumpla la palabra del presidente dada en la ONU en el año 2018, donde señala que habrá un cambio en la historia de Quintero y Puchuncaví, que habrá una antes y un después. Hoy día, a un año de este fallo histórico, vemos que no se cumplió”.
Por su parte, la activista de Mujeres en Zonas de Sacrificio, Marta Aravena, acusó que "vemos con mucha desilusión que al día de hoy el cumplimiento ha sido nulo por parte de las autoridades. Hemos tenido muchos peak de SO2 y vivimos permanentemente con episodios críticos. Somos una comuna muy lastimada en la que no se han hecho los cambios estructurales que necesitamos”.
Diputado Ibáñez impulsa medidas
Ante este escenario, el diputado Diego Ibáñez (CS) anunció que levantará algunas incitativas para fiscalizar los avances e impulsar iniciativas asociadas al fallo. El parlamentario elaboró una batería de seis oficios de fiscalización para revisar el estado de avance de las diversas tareas, organizará audiencias con ministerios y autoridades regionales para conocer el estado de implementación del fallo e impulsará un acuerdo para la tramitación de proyectos de ley ambientales.
“Los episodios de intoxicación en Quintero Puchuncaví han entregado uno de los impactos más explícitos de un modelo económico que relegó la vida de las personas a un segundo plano en pos de un desarrollo económico que pasa por encima de la salud de la población y también de nuestro medio ambiente. Lamentablemente, hoy chocamos con que, de la larga lista de tareas encomendadas por la Corte Suprema, los avances son poco y nada. No existe un sentido de urgencia ni tampoco un compromiso férreo por hacer de estos territorios un lugar digno para vivir”, señaló Ibáñez.
28/05/2020
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