CHV Noticias reveló el caso en el que un joven estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Andrés Bello (UNAB) acusó haber sido víctima de un violento ataque por parte de un funcionario de una empresa de cobranza debido a una deuda impaga que mantiene con su casa de estudios.
Según relató Francisco Jorquera, el monto que adeuda es de aproximadamente $300 mil, argumentando que no ha podido pagar su arancel desde marzo luego de perder su trabajo producto de la pandemia.
En un video se observan las amenazas y agresiones físicas recibidas por el estudiante de parte del funcionario, luego que él se negara a firmar dicha notificación.
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Ante esta situación, este miércoles la UNAB emitió un comunicado en el que indicaba que “queremos ser enfáticos en señalar que el respeto por nuestros alumnos y cualquier miembro de nuestra comunidad es parte fundamental de la institución (…) por lo que rechazamos categóricamente cualquier procedimiento contrario a estos principios”.
Por lo mismo, señalaron que tomaron la decisión “de poner fin a la relación contractual con la empresa de cobranza Remesa y se encuentra evaluando todas (las) acciones legales correspondientes para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir”.
Al cerrar, manifestaron su apoyo al estudiante y aseguraron que ponen a su disposición “el equipo legal para cualquier acción que este quisiera tomar en resguardo de sus derechos”.
La versión de Remesa
Según consignó Biobío, la empresa involucrada también emitió un comunicado, en el que aseguró que la forma de actual del funcionario involucrado “no es parte del protocolo y no se identifica con el espíritu de trabajo”.
“Ante esto estamos realizamos un sumario interno, para tomar las medidas correspondientes y las sanciones necesarias. El trabajador ya fue desvinculado”, agregaron.
Respecto a la función que ellos realizan, explicaron que la verificación "se debe realizar cuando existen deudas o embargos, para que, en el caso de tener que enviar una notificación, ésta llegue efectivamente al domicilio del deudor, para no causar así un perjuicio mayor”.
Al finalizar, indicaron que se pondrán en contacto con Francisco “para entregar las disculpas correspondientes y se asumirá el costo de la deuda atrasada”.
Oficio de la Superintendencia
Jorge Avilés, superintendente de Educación Superior, también se refirió a este caso, indicando que para ellos “es prioridad velar por los derechos e intereses de las comunidades estudiantiles”.
Ante lo ocurrido, enviaron un oficio a la empresa ya mencionada, la que en un plazo de 5 días hábiles tendrá que copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre la universidad y la empresa.
24/09/2020
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