La iniciativa establece que, además de las medidas y sanciones previstas en el Código del Trabajo, las casas de estudio podrán aplicar sanciones adicionales ante este tipo de situaciones.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves el proyecto que sanciona el acoso sexual, así como la violencia y la discriminación de género, en la educación superior.
La iniciativa “reconoce y ampara el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género”.
Tras obtener 113 votos a favor y 3 abstenciones, el proyecto pasará ahora al Senado a su tercer trámite legislativo.
El texto fue presentado en mayo de 2018 por los senadores Isabel Allende (PS), Carlos Montes (PS), Ximena Órdenes (independiente), Yasna Provoste (DC) y Ena Von Baer (UDI) en el contexto de tomas y movilizaciones del llamado "mayo feminista".
Lee también: Ministro Paris acusa haber sido hostigado y amenazado en su casa: “Es totalitarismo y fascismo puro”La ley abarca a todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual.
Dichas entidades deberán contar con unidades responsables de la implementación de sus protocolos y reglamentos sobre violencia y discriminación de género y, de forma separada, contarán también con una o más unidades responsables de llevar a cabo los procesos de investigación y sanción del acoso sexual.
En concreto, el proyecto establece que, además de las medidas y sanciones expresamente previstas en el Código del Trabajo, en el estatuto administrativo y en leyes especiales, el modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y reparación de las víctimas, podrá contemplar otras sanciones, prohibiciones y medidas.
Lee también: Diputado FA propone disminuir el límite de gasto electoral y los aportes de privadosDe este modo, las casas de estudio podrán considerar medidas adicionales como la suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y funciones; remoción del cargo; cesación de funciones; imposibilidad de acceder a financiamientos extraordinarios; pérdida de distinciones honoríficas y suspensión o pérdida definitiva de la condición de estudiante.
Además, señala que los centros de estudios deberán contar con una estrategia de comunicación que garantice que las políticas, planes, protocolos y reglamentos sean conocidos al interior de las instituciones de educación superior.