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Daniel Urrutia, magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, recibió un duro revés por parte de sus colegas hoy viernes 27 de marzo.
Además de haber sido suspendido de sus funciones y sumariado por haber sustituido la prisión preventiva de 13 imputados por el denominado caso “primera línea”, una resolución del comité de jueves del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago refutó que haya existido un acuerdo para revisar “de oficio” las medidas cautelares, como el magistrado planteó en su polémica resolución.
Mario Cayul, presidente del Comité de Jueces de dicho tribunal, citó una reunión de urgencia por videoconferencia con los magistrados en la cual se analizó la revocación de las medidas tomadas por Urrutia.
En la instancia se discutió el supuesto acuerdo que mantenía el magistrado con los jueces del tribunal para tomar la decisión de sustituir la prisión preventiva, quienes aseguraron que la resolución de confinar a los imputados a arresto domiciliario no fue verídico, ya que nunca se decidió hacer de oficio los cambios en las medidas cautelares.
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Según los presentes en la cita virtual, “siempre se dijo que no se tocarían las causas de mayor impacto social”.
“En atención a la contingencia sanitaria que vive el país y la preocupación por la situación de las personas privadas de libertad, se acordó: planificar las revisiones de prisión preventiva de oficio; hacerlo conforme al listado actualizado de presos de la visita de cárcel, entre los cuales no estaban los imputados de la causa RIT 3984-2020”, aclararon los magistrados.
Asimismo recordaron que se había acordado “repartir en su oportunidad ese listado consolidado, entre todos los jueces en funciones y luego se efectuaría o propondría un protocolo acordado por los jueces. Una vez revisado en su totalidad el listado consolidado, se presentaría el protocolo al resto de jueces estableciendo las directrices y acordando en forma unánime y conjunta la forma de resolver atendida la contingencia”.
Es por esto que el comité de jueces quitó respaldo a lo planteado por Urrutia en su resolución, asegurando que todo estaba en planificación y no había acuerdo para ejecutar el plan.
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Asimismo, los magistrados del Séptimo Juzgado de Garantía acordaron indagar el porqué Urrutia se autoasignó la causa de los imputados de la denominada “primera línea”, ya que la investigación no estaba en el listado de visita de cárceles vigente, no había solicitudes pendientes y además tenía una audiencia pendiente.
Los compañeros del polémico juez entregaron un plazo de 24 horas a la jefa de causas del tribunal para que explique por qué el magistrado se autoasignó la indagatoria.
“En razón de lo acontecido, se acuerda suspender, en el acto, indefinidamente el proyecto o propuesta en cuestión y, en definitiva, estar y resolver las solicitudes que los intervinientes pudieran presentar o efectúa en ejercicio de los derechos de los imputados y demás intervinientes”, sostiene la resolución.
27/03/2020
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