El documento de 8 páginas muestra una serie de hechos que ocurrieron en el encuentro, como las críticas que se realizaron al sistema de inteligencia y las distintas posturas sobre la pertinencia de haber convocado al Consejo.
Las actas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que el presidente Sebastián Piñera convocó el 7 de noviembre pasado, se dieron a conocer este martes a través de Presidencia.
El documento de 8 páginas muestra una serie de hechos que ocurrieron en el encuentro, como las críticas que se realizaron al sistema de inteligencia y las diferencias entre el mandatario y algunas autoridades como el contralor Jorge Bermúdez y los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Iván Flores y Jaime Quintana.
A continuación, algunos de los puntos que se destacan de estas actas.
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Piñera defiende el estado de emergencia
En su primera intervención, Sebastián Piñera declaró que "si no se hubieran decretado los Estados de Emergencia, no habría cumplido con su deber, dada la grave situación de violencia que vivía el país y su impacto sobre el orden público y la seguridad ciudadana. En tal sentido, se realiza un breve repaso al daño producido en el país, el que principalmente afectó a los sectores más vulnerables de nuestra población. Y en que el desafío para las fuerzas policiales era de tal magnitud, que se requería contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas".
Bermúdez cuestiona convocatoria
Acto seguido, el contralor Jorge Bermúdez tomó la palabra y cuestionó la convocatoria: "La regulación del Consejo de Seguridad Nacional se encuentra en la Constitución, no pareciéndole la convocatoria realizada".
En la misma línea, indicó que el Cosena "se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar. En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones. En relación a los datos que se han entregado en esta sesión, como Contraloría, se está cumpliendo con la labor que les corresponde por ley, tomando razón de aquellos actos administrativos que deben someterse a ese trámite".
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A la vez, Bermúdez cuestionó el rol del sistema de Inteligencia nacional: "Poco se sabe sobre qué falló para que el país llegara a la situación en que está. Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que le gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo".
Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, también planteó sus reparos a la convocatoria del Consejo, señalando que "hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico", solicitando además que "el acta de la sesión sea pública".
Junto con condenar actos de violencia como saqueos, incendios y otros hechos similares, el timonel de la Cámara Alta solicitó que se autorice la visita de una misión del CIDH y estimó que la solución "pasa por abrir los canales de participación para la aprobación de una nueva Constitución".
Observancia de los derechos humanos.
En su intervención, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dijo que "“una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan".
A la vez, afirmó que como Poder Judicial, se han preocupado de que "los jueces vayan a las comisarias en búsqueda de información, para que las personas no tengan la incertidumbre de cómo están sus familiares. Esta es una condición básica para restablecer el orden y la mejor convivencia".
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Crítica a Carabineros
Sumándose a los cuestionamientos de Quintana y Bermúdez, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, no comparte la convocatoria a la sesión para informarse de "cuestiones que ya se conocen".
Flores manifestó su preocupación por la situación de Carabineros, "sobrepasados por los hechos ocurriendo en las calles", agregando que "quien debe actuar, más allá de los proyectos de ley anunciados hoy, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con Carabineros".
En la misma línea, indicó que "la Inteligencia está atomizada en las distintas ramas de las policías y Fuerzas Armadas, por lo que existe un problema frente a la capacidad de adelantarse a los hechos".
Fuerzas Armadas
En la reunión también expresaron su postura los comandantes en Jefe.
El general Ricardo Martínez, en su intervención, afirmó que ellos no pueden realizar operaciones de inteligencia interna, "solo residual respecto a Carabineros o la PDI", y sugirió que se avance en una Ley de Inteligencia para así "adelantarse a las acciones disruptivas".
A continuación, señaló que el orden público "es de responsabilidad de Carabineros, y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía" y que aseguró que "ni las policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas salen a la calle a producir daño, ni tampoco a que les hagan daño a ellos".
Respondiendo estos cuestionamientos, el general director de Carabineros, Mario Rozas, dijo que el país está "viviendo una situación sin precedentes, con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad".
"Cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operativo fue muy grande", destacó la autoridad, mencionando además que la institución tiene una estrecha relación con el INDH, asegurando que por cada querella y denuncia de abuso "se abre un sumario".
El documento completo lo puedes revisar a continuación:
19/11/2019
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