Caso conscriptos: Juzgado autorizó exhumación del cuerpo de Franco Vargas para segunda autopsia

El Juzgado de Garantía accedíó este jueves a la petición de la Fiscalía de Arica y autorizó la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, en el marco del denominado Caso Conscriptos

El procedimiento cuenta con la autorización de la madre de la víctima, Romy Vargas.

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Según detalló el Ministerio Público, ahora se coordinará una segunda autopsia que se llevará a cabo "bajo el Protocolo de Minessota".

Antecedentes del caso

A fines de junio, la Fiscalía Regional de Arica la muerte detalló que la muerte del conscripto Franco Vargas y las graves lesiones de otros soldados, se vinculan a torturas en durante una marcha militar en Putre y también en días previos.

"Lo que denuncian ellos es apremios ilegítimos con resultado de muerte, en el caso de Franco, pero que habrían venido no solamente a partir del día 27 en la marcha, sino que en los días anteriores también", dijo el fiscal Mario Carrera a Cooperativa.

Carrera detalló que el trabajo del Ministerio Público es determinar si existieron estos hechos constitutivos de delito en relación a los premios ilegítimos, y luego, si hay una relación de causalidad entre esos hechos y las graves lesiones de cuatro conscriptos y la muerte de Franco.

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¿Qué es el Protocolo de Minnesota?

La segunda autopsia al cuerpo de Franco Vargas se efectuará bajo el Protocolo de Minnesota, incluido en el marco normativo y aplicación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Según un documento de la Biblioteca del Congreso Nacional, este protocolo "tiene por finalidad proteger la el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada".

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En ese sentido, esta regla aplica cuando la muerte "puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida".

En este caso, los indagatorias apuntan a presuntos actos ilícitos por parte de miembros del Ejército.

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