Durante la tarde del reciente miércoles 23 de marzo, Gendarmería de Chile comunicó que los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, ambos condenados a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, recibirán el beneficio de salida dominical y salida trimestral desde este domingo 27 de marzo.
Luego de la noticia, desde la oposición señalaron su amplio rechazo a la medida. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, anunció el envío de oficios a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a Gendarmería, y al presidente de la República, Gabriel Boric, para que se pronuncien al respecto.
Por su parte, la abogada que vive en el sector del Wallmapu y que se dedica a causas de Derechos Humanos, Karina Riquelme, manifestó sus impresiones tras la decisión de Gendarmería.
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"Como abogada de José Tralcal, vamos a aclarar las razones de la huelga de hambre (líquida), medida de presión extrema que solo fue realizada después de numerosas solicitudes judiciales y administrativas. Y en particular frente a las ilegalidades de parte de Gendarmería", comenzó señalando mediante un hilo de Twitter.
En ese sentido, informó que José Tralcal se encuentra cumpliendo pena en CET Victoria. "Es un recinto semiabierto, sin mayor seguridad, donde la mayor parte del tiempo pasan sin cuidado de Gendarmería, en especial en el predio donde cultivan frambuesas que está al costado de la carretera. Su conducta es muy buena", enfatizó.
Asimismo, explicó que la regulación legal al respecto, se establece en Reglamento 943 y 518, y Resolución Exenta 3925 relativa a la aplicación del Convenio 169. "En virtud de esas normas, se solicitan conforme a la ley aplicable para todos los privados de libertad los beneficios carcelarios", declaró.
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"Se solicita salida trimestral según Art. 83 del reglamento 943. Y salida dominical. Ambas con requisitos cumplidos con fecha agosto y octubre. No siendo respondidas de ninguna manera. Por lo que en diciembre se presenta cautela de garantías ante Juzgado de Garantía de Temuco", añadió.
En ese contexto, explicó que la cautela tuvo dos finalidades: Primero, "exigir la respuesta administrativa de las solicitudes", y segundo, "solicitar que se aplicara Convenio 169 en las evaluaciones psicosociales. Esto porque los profesionales que evalúan, aplican los mismos instrumentos que a población penal de origen chileno".
"La resolución del JG reconoce la falta de profesionales en Gendarmería con capacitación que comprenda la cultura mapuche, y ordena que deben ser profesionales peritos (un profesional especializado en una materia determinada) que incluso comprendan mapudungun básico", agregó.
Luego de la orden de parte del JG Temuco, hasta el 2 de marzo, "no se realizó respuesta y ya llevaban seis meses en espera de parte de los condenados. Y por eso autónomamente y en una decisión extrema los condenados y su familia, deciden protestar a través de una huelga de hambre".
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"Lo resuelto por el Consejo Técnico del CET de Victoria, no tiene nada de extraordinario. No es el gobierno el que entrega beneficios como dice la prensa. Acá la Institución Gendarmería está cumpliendo la ley, ley que debieron cumplir hace muchos meses y no esperar una huelga", remarcó.
Finalmente, precisó que la noticia, según argumenta, se da luego de la realización de un informe psicosocial de parte de Gendarmería que recomienda -dada la buena conducta y el cumplimiento de la pena sin ningún tipo de falta-, "la posibilidad de continuar con la reinserción social que es en definitiva la finalidad de la pena".
24/03/2022
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