Defensora de la Niñez: "Ha habido un comportamiento delictivo de parte de un funcionario de Carabineros" - Chilevisión
05/10/2020 09:38

Defensora de la Niñez: "Ha habido un comportamiento delictivo de parte de un funcionario de Carabineros"

La Defensoría de la Niñez se querelló contra el imputado y contra el resto de los funcionarios que no prestaron ayuda al menor en el río Mapocho. Patricia Muñoz acusó que la acción constituye una "grave violación a los Derechos Humanos".

Publicado por paulalepe

La Defensoría de la Niñez interpuso una querella contra el carabinero Sebastián Zamora Soto (22), imputado por la caída de un adolescente de 16 años desde el puente Pío Nono al río Mapocho.

En entrevista con CHV Noticias, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, explicó que "en razón del cumplimiento del mandato que tiene nuestra institución, nos pareció imprescindible accionar a través de la querella por la grave violación a los Derechos Humanos que implica un comportamiento delictual como el que ayer fue sometido a conocimiento del tribunal”.

La querella no sólo consiga el delito de homicidio frustrado, sino también lo que la defensora considera como una "manifiesta desatención" hacia el menor, tanto por parte de Zamora como de los demás miembros del piquete presente en el lugar. "Lisa y llanamente observan desde el puente cómo ha sido lanzado un adolescente”, comentó.

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Durante la jornada del domingo se conoció a través de audios que el imputado además intentó hacer pasar a la víctima como detenido.

Ante dichos antecedentes, Muñoz acusó que “lo que ha habido es un comportamiento delictivo de parte de un funcionario de Carabineros, que en vez de ejecutar acciones destinadas a proteger la vida de una persona de 16 años, lo que hace es generar un comportamiento contrario”.

Finalmente, expresó que existe la necesidad urgente de avanzar en cambios estructurales a la institución y dijo que “no se ha entendido la profundidad de la reforma que se requiere en términos del comportamiento policial”.

El uniformado quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación, para la cual se decretó un plazo de 120 días.
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