Dueños de terreno de Pichilemu que bloqueaba acceso a la playa presentaron recurso contra el Estado

Los dueños de los sitios 8 y 10 en el Fundo Mónaco de Centinela, en Pichilemu, interpusieron un recurso de protección contra el Estado de Chile y el presidente Sebastián Piñera, luego que Bienes Nacionales hiciera ingreso a estas propiedades con el fin de liberar el acceso a la playa.

El hecho corresponde a lo ocurrido el 19 de febrero pasado, cuando la ministra (s) de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, junto al gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega, y el seremi de Bienes Nacionales, Christian Villegas, se abrieron paso a través de los terrenos para así liberar el acceso a la playa, rompiendo candados y cadenas.

Todo esto en el marco de la nueva normativa, publicada el 14 de febrero en el Diario Oficial, en la cual se estipula una multa para quien limite el libre acceso a las playas del país.

Así, Elisa y Marcos Jaramillo presentaron el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, pues el paso que abrieron las autoridades "no corresponde a la entrada a la vía de acceso fijada por Resolución N° 5 de 2 de julio de 1984. O sea, propiedad privada", consigna La Tercera.

"Las actuaciones arbitrarias e ilegales realizadas por representantes y órganos del Estado de Chile" habrían privado y amenazado el ejercicio de sus derechos, entre los que destacan están el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como la igualdad ante la ley, entre otros.

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la tramitación del recurso, y el 27 de febrero pasado envió una carta del presidente pidiendo informes con los antecedentes del caso.

Sin embargo, el plazo de 8 días hábiles estaba a punto de vencer cuando el secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, envió una solicitud de ampliación del plazo en representación del mandatario, para así "disponer del tiempo adecuado para confeccionar el informe solicitado y recopilar los antecedentes requeridos".

Marcos Jaramillo aseguró al medio que "estos errores deben tener un costo, el que debiera ser la renuncia tanto del ministro de Bienes Nacionales, como la subrogante y todos los otros personajes que hicieron posible esta falta enorme al ciudadano, a la democracia".

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