07/08/2021
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El informe, realizado por la especialista en Derecho Penal, Alicia Gil, contradijo las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especificó que los hechos ocurridos en marco del 18-O no califican como crímenes contra la humanidad.
El abogado Jorge Martínez, en representación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y del alto mando de la policía uniformada, encargó un estudio internacional para analizar el actuar de la policía durante las manifestaciones de 2019.
El análisis titulado "Dictamen en Derecho sobre la posibilidad de calificar como crímenes contra la humanidad las actuaciones de los Carabineros de Chile durante el llamado estallido social" estuvo a cargo de la abogada Alicia Gil, directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, y concluyó que los hechos no califican como crímenes contra la humanidad.
El documento, al cual tuvo acceso El Mercurio, sostiene que la definición de crímenes contra la humanidad en la legislación chilena "debe hacerse en conformidad con su concepción en el derecho. internacional, en particular con el Estatuto de Roma de la Corta Penal Internacional (CPI)".
Lee también: Presidente Piñera declaró ante la Fiscalía por delitos de lesa humanidad durante el estallido socialEn ese punto, la abogada española detalló que "una interpretación expansiva de los tipos penales internacionales conllevaría, ademas de la lesión de los derechos de los acusados, una relativización y canalización de las categorías, que supone un atentando contra la memoria histórica de Chile y la necesaria pedagogía sobre el mismo para generaciones futuras".
En tanto, la abogada cita la declaración judicial del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. Según Gil, Micco "expresa su opinión contraria a la existencia de una política de órganos o agentes del Estado para atacar a la población".
El documento encargado por la defensa de Carabineros concluye que "Chile vivió, durante el llamado estallido social, unos problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Ello llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden publico a un elevando numero de efectivos (...) no todos los manifestantes fueron atacados -de hecho, la mayoría de los millones de intervinieres en las manifestaciones no sufrieron ningún daño- además, tampoco se constata un patrón".
Lee también: Manifestantes llegaron hasta Plaza Baquedano para exigir indulto a los “presos de la revuelta”En la misma línea, recalcan que "no existen evidencias, ni se aportan en las querellas, ni en los informes consultados, de la existencia de una policía criminal, ni activa ni omisiva, de Carabineros de Chile como organización o de alguna suborganización".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Chile para recoger información sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en marco del 18-O.
El representante del organismo, Paulo Abrão, detalló que "efectivamente hay un conjunto de violaciones que se han producido en el país". En ese sentido, la autoridad insistió en la preocupación de la Comisión por el “uso desproporcionado de la fuerza, el número de personas heridas y el número de detenidos es muy alto, y en prisión preventiva también”.
La visita culminó con observaciones y recomendaciones preliminares por parte del organismo. En primera instancia, acusaron la existencia de “una grave crisis de derechos humanos”.
Lee también: Gobierno espera “rechazo categórico” del Senado a proyecto de indulto a detenidos en el estallido social"Respecto al lugar en el que ocurrieron los hechos de violencia por agentes del Estado denunciados hasta el 30 de noviembre, la Fiscalía Nacional reportó que 3.798 corresponden a la vía pública; 582 a comisarías, brigadas o recintos militares y 202 a carros policiales. En relación con la institución denunciada, la Fiscalía dio cuenta que, en 4.770 de estos casos, se involucraba a Carabineros de Chile, 244 al Ejército, 96 a la Policía de Investigaciones, 27 a la Armada y 15 a otros", indicaron.
La Comisión advirtió sobre los desafíos de derechos humanos que se pudieran presentar en futuras movilizaciones sociales: "el Estado de Chile y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de todos los derechos para todas las personas".
Finalmente, la CIDH aseveró que continuará "monitoreando el desarrollo de las protestas sociales al tiempo que expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica para el seguimiento de las recomendaciones preliminares".
