El concejal RN, por su parte, presentó una querella por violación de secreto y obstrucción a la investigación en relación a la información sobre su caso que ha sido publicada por los medios de comunicación.
Este viernes la Fiscalía reformalizará al concejal RN Karim Chahuán, detenido el 2 de diciembre por un caso de saqueo, y le imputará los delitos de tráfico de drogas, tráfico de influencias y falsificación de documento público.
Recientemente, Ciper dio a conocer los vínculos del concejal con el narco más famoso de La Calera, Pedro Melo Cartagena, también conocido como el “Pablo Escobar de La Calera”.
Según el relato de otro imputado, Chahuán lo recibía en su automotora, lugar donde pesaban droga. Además, se reveló la influencia que tendría el concejal con carabineros de la zona.
El concejal administraba la automotora “Chahuán Cars”. Dado que su celular estaba intervenido desde septiembre de 2019, se logró acreditar cómo realizó el intercambio de un vehículo por una cantidad no especificada de cocaína.
La querella apunta a la información dada a conocer por los medios, especialmente por Ciper, lo que según su defensor correspondería a filtraciones de parte de la carpeta investigativa del caso.
“La conclusión es que alguien, o un grupo de personas con acceso a la carpeta de investigación, han otorgado información secreta a los medios de comunicación, afectando gravemente la investigación, perjudicando a mi mandante, y favoreciendo conductas de obstrucción y de ingreso de información falsa o tendenciosa a la carpeta y en el concepto público”, señala la presentación.
Manríquez, por su parte, dijo al citado medio que "esto es violación de secreto y por eventual aportación de pruebas falsas tiene por objeto dejar constancia que a la fecha se ha hecho un juicio paralelo a la tramitación que lleva adelante la fiscalía respecto de Karim Chahuán”.
Según el abogado, se ha creado un "clima que afecta a la igualdad de armas, la presunción de inocencia, configura un pre juzgamiento y en el fondo son utilitarias a aumentar un caso que no es más que dos receptaciones de hurtos cometidos por terceros en el estallido social, para tratar de convertirlos en una presunta gran causa vinculada a organizaciones criminales. Eso es intolerable”.