En el documento, los parlamentarios afirman que “Chile no está en condiciones de enfrentar una tercera crisis sucesiva, pero tampoco está para que nada cambie”. Plantean que el acuerdo también esté integrado por gremios, sindicatos, empresas y organizaciones sociales.
El senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado de Mario Desbordes (RN) firmaron un documento titulado “Los contenidos de un acuerdo nacional”, con el que pretenden generar un debate entre oficialismo y oposición para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus.
El documento de opinión llega en respuesta al emplazamiento que hizo el Gobierno a los partidos de Chile Vamos a alcanzar un acuerdo sobre una hoja de ruta y señala que “Chile no está en condiciones de enfrentar una tercera crisis sucesiva, pero tampoco está para que nada cambie”.
Según explicaron los mismos parlamentarios a La Tercera, comenzaron a trabajar en el texto hace tres semanas.
“Las divisiones persisten y afectan al presente y al futuro de nuestra convivencia. Debemos superarlas ahora, para abordar juntos la actual crisis sanitaria y social y, más tarde, para reconstruir la economía y el tejido social que en los últimos meses se han deteriorado severamente”, comentan en el documento.
Lee también: Nuevo plan de salud mental y canastas de alimentos: Pdte. Piñera anuncia nuevas medidas para enfrentar el COVID-19Los legisladores piden que gremios, sindicatos, empresas y organizaciones sociales también integren el acuerdo, que en su opinión debería estar marcado por tres áreas de interés nacional: sanitaria, económica y social.
En el primer ámbito, plantean que se “acepte la existencia de un mando único en el control sanitario de la pandemia” y que se creen mecanismos de consulta con experto de todos los sectores.
En materia económica, piden alcanzar un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso “acerca de la cantidad de recursos efectivamente disponibles para enfrentar la caída de la producción, el desempleo y atención de los trabajadores afectados por la pérdida de sus empleos y de los sectores más vulnerables de la población durante la emergencia”.
Por último, en materia social llaman a “concordar un tiempo estimado de la crisis y la sucesión en que se irán adjudicando los recursos suficientes para los sectores más vulnerables sin alterar las competencias que corresponden de acuerdo al actual ordenamiento jurídico”.