Este miércoles se llevó a cabo la formalización de los tres carabineros detenidos por los delitos de tortura y apremios ilegítimos, hechos que habrían ocurrido en octubre de 2019 en la 43° comisaría de Peñalolén.
La investigación que llevó el Ministerio Público comenzó de una denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Tras recabar los antecedentes, el fiscal Miguel Ángel Orellana decidió avanzar judicialmente en contra de los tres funcionarios.
Así, los dos efectivos policiales que fueron formalizados por el delito de tortura quedaron en prisión preventiva. El tercer funcionario es imputado por el delito de apremios ilegítimos, quien quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a las víctimas.
Según el órgano persecutor, "las víctimas fueron golpeadas y a uno de ellos se le aplicó polvo lacrimógeno en su rostro en reiteradas oportunidades mientras estaba esposado". Cuatro de los seis detenidos que fueron víctima de estos vejámenes son menores de edad.
Previo a la formalización, el coronel Raúl Solís de la prefectura Oriente indicó que "se adoptarán las medidas administrativas correspondientes" respecto de los tres funcionarios involucrados, luego que detectaran hechos ilícitos.
Asimismo, la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao, señaló que "si bien se descartó la denuncia original sobre que hubiesen habido personas crucificadas, es un hecho igualmente grave que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos de los detenidos por parte de carabineros".
Por parte del Ministerio del Interior, el ministro Víctor Pérez destacó que esta formalización fuera fruto de una investigación hecha por la misma institución.
"Peligro para la sociedad"
Tras la audiencia de formalización, el fiscal adjunto de la Fiscalía local de Peñalolén-Macul aseguró estar satisfecho con su resultado respecto a las medidas cautelares solicitadas.
"Ha coincidido con el Ministerio Público de que en este caso en particular se dan todos los elementos del tipo penal de tortura. Ha considerado que los antecedentes que fundan la existencia del delito y la participación criminal de los imputados están contenidos en la carpeta investigatoria, los valoró en detención, para entender que dentro de los delitos cometidos por funcionarios o agentes del Estado respecto de particulares se daba la hipótesis más grave, que son los delitos de tortura", afirmó el fiscal Orellana.
Sobre la relevancia de la cautelar de prisión de preventiva, el persecutor señaló que "la libertad de estos imputados constituía un peligro para la sociedad" y que debido a que eran funcionarios públicos mandatados al resguardo de los derechos, esta medida daba cuenta de la gravedad de lo ocurrido.
"Además, generan una importante desconfianza en instituciones tan relevantes como lo es Carabineros de Chile, y en ese sentido el reproche que hace el sistema de justicia criminal a su respecto es mucho mayor", agregó.
07/10/2020
18:49
