El Gobierno y el Senado anunciaron una mesa de trabajo entorno al veto presidencial por la Ley de Usurpaciones, donde ya se concretaron las primeras conversaciones.
El
Gobierno y el
Senado anunciaron una mesa de trabajo con el objetivo de establecer un
veto de la Ley de Usurpaciones, la cual busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles.
Si bien la iniciativa fue despechada el pasado 30 de agosto por el Congreso, el Ejecutivo realizará la apertura de esta mesa de trabajo con el objetivo de realizar las obversaciones en torno a un concepto especifico de la iniciativa, el cual otorga la
“legítima defensa privilegiada”.
Este punto fue el que provocó las diferencias interpretativas, ya que para el oficialismo consagra la
autotutela, permitiendo que
las personas recurran por su propios medios a recuperar un bien o predio ocupado. Mientras que desde la
oposición aseguran que no se promueve la autotutela.
Así lo expresó la
Ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se refirió al veto presidencial: “
El Ejecutivo no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa o que esto sea un delito permanente, lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por mano propia y con bandas armadas puedan ir con sus propias manos a reivindicar sus derechos”, expresó.
Mesa de trabajo por Ley de Usurpaciones
Ahora, el Ejecutivo deberá ingresar el veto presidencial
antes del viernes 29 de septiembre.
Por ello, este jueves se gestionó una reunión telemática entre
Carolina Tohá, ministra del Interior, y la subsecretaría general de presidencia,
Macarena Lobos, para gestionar los primeros acercamientos en torno al tema junto al presidente del Senado,
Juan Antonio Coloma (UDI), y el senador de
Evópoli, Felipe Kast.
En ese sentido, y de acuerdo a la información entregada por
Radio Cooperativa, Kast se refirió positivamente al acuerdo de la realización de la mesa de trabajo en conjunto con el
Gobierno: "La buena noticia es que con el Ejecutivo
acordamos realizar una mesa de trabajo en las próximas horas y días, con mucho sentido de urgencia", expresó.
Pero entorno al veto presidencial planteado en concreto, donde Kast aseguró: "Vamos a plantear con mucha fuerza que se mantenga que la usurpación sea un delito de cárcel, y que
si alguien es agredido cuando hay una usurpación, se pueda defender".
Bajo esta misma línea, comentó al citado medio, el
ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), quien destacó la importancia de la discusión entorno al veto presidencial: "
Queremos que se respete un principio básico: que en Chile, la autotutela y la justicia con mano propia no forman parte de los principios sobre los cuales se ha construido nuestro ordenamiento jurídico".
Es importante destacar que este
veto presidencial requiere que una
mayoría simple de ambas cámaras para ser aprobado por el Congreso. En caso de que este fuera rechazado, la Constitución permite una última instancia donde se deberán reunir los
dos tercios de ambas cámaras para insistir en el texto aprobado anteriormente, de lo contrario no habrá ley.