La querella indica que tres funcionarios públicos, entre ellos, el administrador municipal, recibieron voluntariamente millonarias sumas de dinero, como "una manera de enriquecer, con cargo a fondos públicos, al trabajador, perjudicando patrimonialmente a la Corporación", se indica en el libelo.
Durante la jornada de este miércoles 2 de febrero, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, presentó una querella criminal por fraude al fisco contra de la ex edil, Virginia Reginato.
Lo anterior, debido a presuntos "abultados finiquitos" que permitieron que funcionarios municipales recibieron millonarias cifras de dineros desde las arcas fiscales.
Según una investigación de BioBioChile, medio el cual tuvo acceso a el libelo de 21 páginas, la denuncia apunta a dineros transferidos a tres servidores públicos, superando los 150 millones de pesos.
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Claudio Boisier
La primera persona señalada es Claudio Boisier, quien pasó de ser el gerente de la Corporación Municipal a el administrador municipal, en abril de 2018, es decir uno de los hombres de confianza de Reginato y el segundo en el mando del municipio.
Ripamonti, acusa que Boisier que en medio del traspaso, recibió un finiquito de más de 76 millones de pesos, pese a que su salida se dio por "mutuo acuerdo", es decir, según la querella, no existían una obligación por parte de la Corporación a desembolsar el dinero.
En ese sentido, las cifras se desglosan como indemnización convencional por años de servicio, feriados proporcionales y 57 días de feriado legal por años de servicio.
Patricia Colarte
El segundo caso es de Patricia Colarte, funcionaria que se desempeñaba en la acción judicial de la municipalidad. En diciembre de 2004 arribó a la Corporación, siendo contratada como directora de Educación en la Administración Central.
En ese contexto, seis años después presentó su renuncia para asumir como la seremi de Educación en la Región de Valparaíso.
Según se le acusa, recibió un finiquito de más de 21 millones de pesos: 15 como indemnización voluntaria, 600 mil pesos por feriados proporcionales y más de 5 millones de pesos por 50 días de feriados legales pendientes.
Rodrigo Macuada
Según indica la querella, el tercer caso es el más complicado. El caso corresponde a Rodrigo Macuada Murray, el ex administrador del cementerio Santa Inés, entidad que depende de la Corporación.
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El trabajador fue contratado por el cementerio en 1992, y en 2019, se le acusó de prácticas antisindicales, lo que generó demandas del sindicato de trabajadores y de la Dirección del Trabajo luego que se conociera la información de que guardias del sector se ocupaban de la sepultura de algunos cadáveres.
Lo anterior, quedó sellado con el pago de 30 millones de pesos como compensación, beneficiando a 27 empleados.
Según indica Ripamonti, los hechos fueron asumidos por el propio Macuada ante la Inspección del Trabajo, es decir, le correspondía la causal del artículo del Código del Trabajo por "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato". No obstante, según el escrito, se prefirió invocar el artículo 161 del Código del Trabajo: "Necesidades de la empresa".
Lo anterior, según manifestó la actual alcaldesa, fue debido a la "expresa impartida" por el administrador municipal, Claudio Boisier.
Finalmente, Rodrigo Macuada obtuvo un finiquito con la Corporación, que se vio obligada a pagar 57 millones de pesos: $3,7 por el mes de aviso, indemnización (11 meses) 41,4 millones, feriado legal pendiente (81 días) $10,4 millones y feriado legal proporcional $1,3 millones.
Conclusiones de la querella
Según indica la querella, "pese a la mala gestión de Macuada, que le costó millonarias indemnizaciones a la Corporación Municipal, se le terminó entregando millonarios recursos. No puede ser visto sino como un premio, cuando lo que correspondía evidentemente era el despido disciplinario".
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En la conclusión del documento presentado, se califica el caso de Claudio Boisier como "grave" debido a que dejó la Corporación Municipal de Viña del Mar para arribar a la Ilustre Municipalidad de la misma comuna, ambas representadas por la alcaldesa antecesora, Virginia Reginato.
"De suerte que no se requiere mucha perspicacia para advertir que el pago de la indemnización voluntaria era una manera de enriquecer, con cargo a fondos públicos, al trabajador, perjudicando patrimonialmente a la Corporación", dice el documento.
"La investigación deberá determinar el perjuicio patrimonial causado a la Corporación, debiendo tener presente que por concepto de pago de los finiquitos antes señalados, egresaron aproximadamente del patrimonio de la corporación una suma ascendente a más de $155.000.000", sentencia.
Al ser consultado por BioBioChile, Boisier no quiso referirse a la querella, no obstante declaró: "Obviamente que no estoy para estar haciendo declaraciones de ningún tipo y menos contra esta mujer (Ripamonti) que está acusando a medio mundo porque no es capaz de hacer nada".
La respuesta de la defensa de Reginato
Por otra parte, el abogado de Reginato aseguró al medio citado que no conocían los antecedentes de la querella, pero aseguró que no se han cometido delitos y que todas las acciones están bajo los parámetros de la ley.
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"Desde ya podemos hacer presente que la exalcaldesa siempre sujetó sus actuaciones a la normativa vigente. Actuó siempre con acuerdo de los órganos competentes", sostuvo.
"Todas las indemnizaciones, en general, los actos administrativos que se realizaron, se hicieron con estricto apego a las normas legales y reglamentarias vigentes en ese minuto. Así que en ese sentido estamos absolutamente claros que no se ha cometido delito alguno", añadió.
02/02/2022
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