10/03/2021
09:43
"¿A dónde tengo que vivir? No tengo donde vivir", expresó con rabia un hombre que dijo estar hace dos años Chile y ser un operario de máquinas. Lamentó no tener apoyo del Estado y sostuvo que deberá dormir "bajo el primer puente que encuentre".
"Me da rabia la humillación que nos hacen. En vez del Estado darnos una pequeña oportunidad, una solución, porque somos muchos extranjeros".
Con esas palabras, uno de los ciudadanos extranjeros que vivían en la toma de terreno en el Cerro Renca criticó el operativo de desalojo por parte de Carabineros, el que comenzó este miércoles cerca de las 8:00 horas.
Esta ocupación se habría iniciado en febrero y fue denunciada por los vecinos de la comuna, quienes aseguraron que existían incluso ventas de terrenos en más de $4 millones.
El hombre que debió abandonar el que era su hogar expresó su molestia a la prensa tras lo sucedido. Dijo vivir hace dos años Chile, ser operario de máquinas y no poder trabajar debido a la crisis sanitaria de COVID-19.
Lee también: Vecinos intimidaron a delincuentes que intentaron arrancar en auto robado: Terminaron chocando"¿A dónde tengo que vivir? No tengo donde vivir. En otra toma ya me sacaron, vengo para acá e igual", lamentó.
Consultado sobre cuál será su paradero, sostuvo que "bajo el primer puente que encuentre". "Me toca vivir bajo de un puente, el mismo gobierno no se da cuenta", añadió.
Junto a esto, relató que su hermano lo invitó a vivir en el lugar. "Estamos en la misma lucha todos, los mismos extranjeros, porque no nos apoyan, la única solución es sacarnos, humillarnos, no entiendo por qué", expresó.
Además, sostuvo que "acá nadie paga por un terreno, aquí hay que querer vivir, a nadie esta comprando un terreno".
Finalmente, cuestionó con rabia que "en vez de traernos agua o una solución, vienen a sacarnos".
Pese a que las mismas personas desalojadas afirmaron que el proceso se está dando de una manera pacífica, en el lugar hay gran presencia policial con carros de Fuerzas Especiales.
De acuerdo a la información entregada por el coronel Daniel Martínez, de la prefectura Occidente, quien está a cargo del procedimiento determinado por la Intendencia Metropolitana, en la toma vivían cerca de 300 familias.
