En el texto se señala que dicha política transgrede el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas garantizado en la Constitución. La estrategia impulsada por el intendente levantó críticas especialmente luego de que el viernes 20 de diciembre un joven fuera atropellado por un carabinero que conducía un carro policial.
Durante la mañana de este jueves, parlamentarios de distintos sectores de la oposición presentaron la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, Felipe Guevara, debido a la estrategia de "copamiento preventivo" de Plaza Italia impulsada desde que asumió en el cargo.
En el texto se señala que dicha política transgrede el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas garantizado en el capítulo tercero, artículo 19 numeral 13 de la Constitución.
La decisión del intendente fue criticada desde un comienzo y especialmente luego de que el viernes 20 de diciembre un joven fuera atropellado por un carabinero que conducía un carro policial, quien lo empujó hacia otro móvil de la institución. El uniformado fue formalizado y quedó con firma mensual mientras dura el proceso.
Lee también: Iván Flores "despejó" su postura y va a apoyar la acusación constitucional contra Felipe Guevara
“El plan de ‘copamiento’ de Plaza Italia no cumplió con su objetivo, luego de que manifestantes pudieran igualmente llegar hasta el monumento a instalarse y protestar. Además, contrario a las anteriores oportunidades de las últimas semanas (como el concierto del pasado viernes 13 de diciembre), y a raíz del plan dispuesto por la Intendencia, la jornada estuvo marcada por la violencia y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes”, dice el texto.
“La actuación conforme a la Constitución por parte del señor Intendente Metropolitano debe conducirse y propiciar actividades que tengan por propósito la concreción del derecho a la reunión, no existiendo norma constitucional ni legal que permita promover acciones tendientes a hacer llamados de la autoridad a no participar. Todo lo contrario, es justamente quien se encuentra a cargo de velar por el orden y seguridad pública en el territorio local, el funcionario mandatado por el Estado para generar las condiciones que promuevan el correcto y libre ejercicio del derecho a reunión”, agrega.
El escrito se encuentra en condiciones de ser revisado durante esta misma jornada por la Cámara de Diputados.
02/01/2020
11:30
