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Este miércoles, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, interpuso un recurso de protección en contra del convenio de colaboración y coordinación entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Dicho acuerdo tiene por objetivo facilitar a la ANI el acceso de la información que posee el Sename y que fuese considerada “relevante y pertinente para generar inteligencia y afectar apreciaciones globales y sectoriales”.
Además, contempla asistir al Sename en la adopción de medidas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica y generar una alianza estratégica de cooperación institucional.
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Esta información fue revelada luego de que el Sindicato Nacional e Trabajadoras y Trabajadores del Sename entregara los antecedentes a la Defensora de la Niñez mediante una carta este 21 de abril.
En la misiva, el sindicato señala que este convenio “contraviene a la Convención sobre los Derechos del Niño y que constituye una grave amenaza de los derechos de niños, niñas y jóvenes sujetos a la protección y cuidado del Estado, a través de SENAME de forma directa o indirecta, y relaciona este convenio con la situación ocurrida luego del 18 de octubre de 2019 en adelante”.
Se agrega también que, según datos de la Defensora Penal Pública, un total de 4.080 niñas, niños y jóvenes fueron detenidos tras el estallido social, entre octubre y diciembre de 2019, entre los cuales, 186 fueron puestos en prisión preventiva.
El objetivo de este recurso es dejar sin efecto el convenio entre ambas instituciones considerándolo como "un acto ilegal y arbitrario”, además de pedir que se adopten las medidas que se estimen convenientes para restablecer el imperio de derecho y garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que, al estar bajo la protección y cuidado del Sename, se ven amenazados por dicho acuerdo.
La acción legal presentada por Muñoz sostiene que la ilegalidad del convenio se centra, entre varios aspectos, en que “el objeto de la obtención de información por parte de la ANI, se traduce en dar cumplimiento a su mandato legal, de inteligencia y contrainteligencia, en materias de soberanía y terrorismo, ámbito este último en que existe, además, prohibición expresa de persecución penal respecto de niños, niñas y adolescentes”.
A la vez, se destaca que dicho acuerdo “representa una acción estigmatizada y criminalizadora” de los niños, niñas y adolescentes que sólo por ser vinculados al Sename, se les indica como posibles objetivos para recoger información en la búsqueda de antecedentes “destinados a impedir atentados contra la soberanía nacional y el terrorismo”.
22/04/2020
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